Los europeos pobres se quedan sin medicamentos
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Ayer participé con el equipo de ISGlobal en el seminario del Parlamento Europeo ¿Pueden los ciudadanos de la UE costear sus medicamentos?, promovido por el eurodiputado socialista Alejandro Cercas. La pregunta, que hace unos años hubiese levantado la ceja escéptica de nuestros representantes, ha adquirido una relevancia feroz en el contexto de la crisis y del aparente agotamiento de un modelo de innovación y acceso a medicamentos esenciales que excluye a núcleos crecientes de población.
Mi sesión, en la que hablaba de la situación española, ha sido una sucesión de partes de guerra de los países europeos más afectados. Nicky Voudouri, de la ONG griega Praksis, se llevó la palma describiendo la situación dramática del sistema de salud en su país, en el que inmigrantes, pensionistas y familias con hijos recurren a la atención medica de las ONG de manera sistemática. La retirada y el desabastecimiento de medicamentos esenciales, los pagos bajo cuerda a médicos de familia y la exclusión de extranjeros están a la orden del día. Y yo que me quejaba...
Grecia es la versión en technicolor de una película que nos resulta demasiado familiar en España. Mientras una de cada cuatro familias de nuestro país ha caído en la exclusión social, la red de seguridad que proporciona el sistema de salud se debilita cada día que pasa. Desde el incremento del copago de los tratamientos (del 40% al 50% para rentas superiores a los 18.000 euros) a la deconstrucción de la atención a los dependientes y otros grupos vulnerables o la infame restricción del acceso a la salud para inmigrantes irregulares, la inseguridad sanitaria se extiende como una mancha de aceite en nuestra sociedad.
Aunque tardaremos algún tiempo en evaluar adecuadamente las consecuencias de este retroceso, existen buenas razones para empezar a preocuparse: familias de bajos ingresos con enfermos de cáncer que ven su factura sanitaria triplicada; patrones de nutrición infantil afectados por la eliminación de becas de comedor y el desplome de la renta de sus padres; inmigrantes muriendo de tuberculosis desatendidos; decenas de miles de dependientes y cuidadores literalmente abandonados; profesionales recortados, denigrados y despedidos... En pocas palabras, una sociedad sometida a la retirada de la protección sanitaria del Estado, como parece estar ocurriendo en otros países de la UE.
El análisis de la situación española y lo que he escuchado en esta reunión sobre el resto del continente me sugieren algunas reflexiones que comparto con ustedes, sufridos lectores:
- Es muy difícil evaluar la pertinencia de las reformas cuando estas se producen en ausencia de un debate público informado y basado en datos. La completa ocultación o distorsión de las cifras que justificaron la exclusión sanitaria de los inmigrantes, por ejemplo, es un asunto inquietante. El Gobierno multiplicó por cinco las cifras reales de trabajadores extracomunitarios en situación irregular, omitió cualquier estimación del coste de sobrecargar las urgencias e ignoró el riesgo sanitario de las enfermedades infecciosas fuera de control.
- Las medidas que se están introduciendo en nuestros países suponen un vía de agua en el contrato social que sostiene el sistema europeo de protección sanitaria. Si los inmigrantes fueron excluidos como parte de un programa de reducción del 'fraude' (es decir, beneficiarse de un sistema de salud por el que solo pagan parcialmente), ¿cuántos años de crisis tardaremos en extender esa lógica a los discapacitados totales o las amas de casa que nunca cotizaron? Transitamos a zancadas de un sistema de derechos a un sistema de seguros.
- Para alguien que ha estado expuesto a los debates sobre acceso a medicamentos y tratamientos en países como Bolivia o Mozambique, las diferencias con lo que se discute hoy en Europa son una mera cuestión de calibre. En último término, se trata de las mismas variables de transparencia, equidad e innovación que se discutirán la próxima semana en Ginebra con motivo de un posible Tratado de Investigación y Desarrollo de medicamentos en el ámbito global. Cuando Europa defina su posición en este asunto debería recordar que son sus propios intereses los que están en juego, además de los de los países pobres.
Lamento no ser más optimista. Las intervenciones de muchos de los asistentes a la reunión dejaron un regusto amargo con respecto a las instituciones europeas. Cada uno de nosotros -griegos, españoles, portugueses, italianos- se desayuna semana tras semana con la penúltima ocurrencia de la la Comisión en materia de contratos laborales, reducción del déficit o flexibilización financiera. Pero en ningún momento hemos percibido su aliento en el cogote cuando se trata de garantizar el derecho a la salud al que nos hemos conjurado como Unión Europea. Eso es lo que reclaman los organizadores del seminario, como TACD, The European Public Health Alliance o Health Action International. Unámonos a ellos para poner freno a esta sucesión de desatinos.
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