El pacto imposible

El presidente del Gobierno trató ayer de corregir el efecto causado por las malas previsiones económicas anunciadas el 26 de abril, pero probablemente se excedió en el tono al presentar su política como un éxito sobre el que se cimentarán futuros crecimientos. Por supuesto comprende y comparte el drama del paro, pero descarta que tenga solución alguna a corto plazo. El mensaje es complicado, no solo para los sectores más o menos radicalizados en los que cristaliza la ira social, sino de cara a las capas activas de la sociedad: las que sostienen los hogares con hipotecas y las economías familiares, las clases medias, las pymes y todos aquellos que habrían necesitado escuchar algo más constructivo, una voluntad de acuerdo para combatir el clima de pesimismo.

La insistencia de casi todos los grupos de la oposición para que les escuche, les convoque a un pacto o rectifique su política chocó con una advertencia preventiva: el presidente no está dispuesto a hablar ni negociar nada que pueda implicar una vuelta a “las políticas que nos han traído hasta aquí”, una reformulación de la herencia recibida con la que justifica sus opciones. Al discurso del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que planteó cambios y discutió que se pueda gastar menos en educación o sanidad, le respondió echándole en cara haber formado parte de un Gobierno (el de Rodríguez Zapatero) mucho más errado, y negándose a considerar su propuesta de usar 30.000 millones del MEDE para créditos a pymes y familias, porque eso supondría aceptar “una nueva condicionalidad”. Rajoy invitó a Rubalcaba a ganarse el derecho de proponer pactos, después de no haber apoyado al Gobierno en la reforma laboral, la del sistema financiero o la ley del equilibrio presupuestario; como si el único papel posible de la oposición democrática fuera adherirse al Gobierno, algo que él mismo no se esforzó en practicar en anteriores legislaturas.

Sin poner en duda algunos éxitos del presidente, ni su esfuerzo para que la Comisión Europea suavice las exigencias sobre el déficit público, es evidente que Rajoy se niega a cambiar de rumbo y a discutir las ideas de la oposición. Solo se compromete a “hablar” de las pensiones, las medidas anticorrupción, la reforma de la Administración local o la ley de la unidad de mercado, asuntos en los que le vendría bien socializar el desgaste que conllevan, pero en los que no parece dispuesto a pagar precio político alguno.

Rajoy se apunta los tantos de haber ahuyentado el fantasma de un rescate completo de la economía o haber suprimido 370.000 empleos públicos, pero solo tiene un año (hasta que comience la próxima serie de elecciones) para aplicar su programa de reformas. Del debate celebrado ayer en el Congreso de los Diputados queda una cosa meridianamente clara; aguantará por el camino emprendido, incluso a costa de más desgaste social. Y diálogo solo con quienes le sigan por esa senda.