Enunciados

Las expectativas ante el último Consejo de Ministros estaban justificadas. De la reunión debía salir un Plan de Estabilidad con el que fundamentar la necesidad de flexibilización temporal del objetivo de déficit publico, un nuevo programa de reformas que avale esa menor exigencia de rigor fiscal y respalde el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la economía y, no menos importante, decisiones que eviten la depresión económica. El Gobierno ha cumplido el primer propósito con bastante más realismo que en ocasiones anteriores; también ha enunciado sus intenciones de nuevas reformas; aunque no ha adoptado decisiones concretas que impidan que sigan cerrando empresas y el desempleo se enquiste por encima del 25% de la población activa durante varios años más.

La mayor credibilidad del cuadro macroeconómico venía impuesta por una realidad que apenas deja margen de mejora en algún indicador y por las previsiones de analistas nacionales e internacionales que no contemplan una contracción del crecimiento económico este año inferior al 1,6%. Ha hecho bien en renunciar a su propio postulado de que “el Gobierno no hace previsiones, sino que establece objetivos” a los que se han de adaptar los demás agentes económicos. Aquel -0,5% de crecimiento del PIB vigente casi se triplica, hasta el -1,3%. Hace bien igualmente en asumir que la situación del mercado de trabajo no mejorará antes de 2015, y que la demanda interna seguirá drenando posibilidades de crecimiento. En consecuencia, sería un empeño imposible tratar de reducir el déficit público al ritmo hasta ahora previsto.

Alcanzar el 3% del PIB en 2016 es ahora un objetivo más verosímil. Aunque dependerá en gran medida de la evolución de las principales economías de la eurozona. El optimismo se refleja cuando el ministro de Economía confía en que la demanda exterior siga dinámica, “con las exportaciones continuando en sus ganancias de cuota de mercado”. Un empeño complicado si el conjunto de la eurozona sigue en recesión.

Ese contexto es el que debe amparar la senda de saneamiento de las finanzas públicas que finalmente habrá de aprobar la Comisión Europea. Para ello el Gobierno no ha anunciado ninguna reducción significativa del gasto público, más allá del resultado todavía impreciso de la rebaja de algunas transferencias a las comunidades autónomas, y sí lo ha hecho en la elevación de las tarifas en algunas figuras tributarias. Suspende el compromiso de revertir el ascenso en el IRPF y compromete, aunque de forma imprecisa, la elevación de algunos impuestos especiales y gravámenes de fiscalidad medioambiental y sobre los depósitos bancarios. El potencial recaudatorio de estos últimos o la cuantía de las transferencias no se conoce por ahora. La revisión de la indiciación de contratos públicos y de las pensiones se mueven en el terreno de la inconcreción.

La imprecisión es también el rasgo dominante en el capítulo de reformas anunciadas. Los ámbitos sobre los que se han de centrar son muy relevantes. Su alcance es difícil de conocer ahora. Las pensiones están pendientes de las conclusiones de la comisión de expertos y la reforma para racionalizar las Administraciones públicas solo se sostiene en el objetivo de eliminar duplicidades y ampliar la Administración electrónica. En todo caso, ninguna de las anunciadas se dirige de forma específica a impulsar la demanda y la creación de empleo a corto plazo. Y esta es la más urgente de las prioridades de la política económica. En realidad, buena parte de las reformas quedarán en poco más que enunciados si el crecimiento económico no emerge hasta entrado el próximo año. Y anticiparlo exige hacer valer ante las instituciones europeas y alguno de sus socios europeos que la aplicación de sus recomendaciones de austeridad ha llevado a la extensión del desempleo y la desconfianza.