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El acento
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La suculenta dieta navarra

Expulsados del consejo de administración de la CAN, los políticos siguieron cobrando generosas cantidades por asistir a una Junta de nueva creación

MARCOS BALFAGÓN

A menudo, los políticos españoles se quejan de que sus sueldos son bajos y, desde luego, mucho menores que los de sus pares europeos. No suelen contar muchos de ellos que redondean con creces sus salarios oficiales con dietas diversas. Y así, durante años, Yolanda Barcina, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, se lamentaba públicamente de perder dinero por abandonar su actividad privada, silenciando que hasta podía duplicar sus ingresos gracias al bien engrasado sistema de las dietas.

Pero el caso navarro merece un capítulo aparte. Muchos de sus políticos, tanto de UPN (Unión del Pueblo Navarro, hermano del Partido Popular), como del PSN (socialistas), elevaban de manera importante sus ingresos gracias a su pertenencia al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN). El problema llegó cuando se decidió poner orden en el sector y prescindir de los políticos en los órganos de gobierno de las cajas. Pero los políticos navarros, en evidente coordinación con la CAN, hallaron de forma sencilla la solución para sus bolsillos: crear la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras.

Esa junta no existió oficialmente durante meses. Ni siquiera aparecía en los estatutos de la entidad financiera, pero pagaba religiosamente las suculentas dietas a sus miembros, entre los que estaban la propia Barcina, su antecesor Miguel Sanz, el exconsejero de Economía Álvaro Miranda y el alcalde de Pamplona Enrique Maya. El sistema era casi perfecto: una hora de reunión en la que se limitaban a escuchar la situación de la entidad se pagaba a 2.680 euros brutos o 1.717, según el nivel del político en cuestión. Casi siempre, para mayor comodidad de los junteros, se celebraban dos reuniones seguidas, o sea, dos horas por las que Sanz se llevaba 5.700 euros.

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Pero el sistema no era tan perfecto. Una juez cree incluso que es de dudosa legalidad y ha imputado a Sanz, a Miranda y a Maya, cuyas actuaciones ayudan a entender la debacle de la CAN, ahora integrada en Caixabank. Su máximo gestor, por cierto, Enrique Goñi, ganaba 900.000 euros anuales y tenía una prima por fidelización.

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