Chipre: vivir peligrosamente
La crisis, no resuelta con las medidas adoptadas hasta ahora, pone de relieve que queda mucho camino por recorrer y que hay que extraer las lecciones para avanzar hacia la unión bancaria europea
La tortuosa resolución del problema bancario chipriota pone sobre el tapete, una vez más, la fragilidad del proceso de superación de la crisis en la eurozona. La realidad es que estas crisis de confianza se repetirán hasta que no se hayan establecido la unión fiscal, la unión bancaria y los incentivos para alinear la competitividad de los distintos países. Estas instituciones no se podrán consolidar sin un grado de unión política mucho mayor que el actual con elecciones directas a los dirigentes de la Unión Europea (UE). La eurozona no tiene una voz única para enfrentar una crisis. Incluso los miembros de la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI) discrepan entre ellos. Además, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, añadió confusión de manera innecesaria debido a su falta de experiencia en comunicación.
El acuerdo final de ayuda a Chipre —que exige la liquidación de Laiki, uno de los bancos en quiebra, la reestructuración del Banco de Chipre, pérdidas para los accionistas y acreedores, junior y senior, así como quitas a los depósitos por encima de los 100.000 euros asegurados y / o conversiones en acciones— sigue la más estricta ortodoxia en los procesos de resolución bancaria. El capital en acciones y el híbrido (como las preferentes) y la deuda subordinada son el colchón que debe absorber las pérdidas. Si no es suficiente entonces se debe acudir a la deuda senior y a los depósitos no asegurados. En el caso de Chipre se llega a quitas importantes a los depósitos, por su importancia en los pasivos bancarios.
El proceso de resolución bancario tiene como objetivo minimizar el posible “riesgo moral” o comportamiento demasiado arriesgado del banco mediante el control de los accionistas o de los tenedores del capital híbrido, deuda subordinada, y de los acreedores senior y depósitos no asegurados. Sin esta disciplina de mercado los bancos que tienen un comportamiento arriesgado y un balance débil podrían ofrecer depósitos de muy alta remuneración y el inversor o depositante no estaría alerta del posible riesgo puesto que, en caso de problemas, el dinero público respondería. Este ha sido el caso de Chipre en donde los depósitos en euros estaban remunerados con unos extratipos muy generosos. Hemos visto también comportamientos similares en el mismo sector bancario español. Hay que destacar, sin embargo, que la disciplina de mercado necesita reglas claras y estables tanto para las entidades como para los inversores. Es fundamental que un inversor o depositante sea consciente del riesgo de su inversión al asumirla.
Los controles de capital son incompatibles con la moneda única y son contrarios a la UE
Al mismo tiempo, la pretensión de asegurar implícita o explícitamente todo el pasivo bancario conduce a unas facturas para el contribuyente que pueden superar la capacidad fiscal del Estado, como muestran los casos de Irlanda o la misma España, y que refuerzan el bucle entre riesgo soberano y riesgo bancario. La primera reacción de los Gobiernos ante la crisis bancaria fue intentar proteger a toda costa a los acreedores de los bancos. Ante la imposibilidad material de hacerlo, distintos países —por orden cronológico, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España y Holanda— han tenido que admitir pérdidas para los tenedores de preferentes y deuda subordinada. En contadas excepciones, en Irlanda y en Dinamarca, se llegó a imponer pérdidas a la deuda senior o a los depósitos por encima de un cierto umbral. En el caso (extremo) de Chipre se ha dado un paso más.
Se ha argumentado que imponer disciplina de mercado a tenedores de bonos senior y depositantes no asegurados puede provocar pánicos o efectos dominó entre entidades. Sin embargo, a este argumento se puede contraponer que es mejor recapitalizar, si es necesario, a las entidades afectadas para prevenir posibles efectos sistémicos, y los pánicos de los depositantes se eliminan con el seguro de depósito, siempre con un límite claro e inviolable. La troika, a instancias del Gobierno de Chipre, erró al incluir depósitos de menos de 100.000 euros en las quitas en la primera propuesta de solución. El Gobierno chipriota lo propuso para no perjudicar el negocio bancario offshore, con grandes depósitos, pero la troika nunca debió aceptarlo puesto que contradecía la directiva de seguro de depósito europea. Directiva, por otra parte, que necesita a día de hoy el respaldo de fondos nacionales al no existir un fondo de garantía de depósitos europeo.
¿Se ha resuelto la crisis en Chipre? No, porque Chipre está imponiendo controles de capital para evitar fugas de depósitos. El problema es que estos son incompatibles con la moneda única y contradicen una de las bases de la UE, la libre circulación de capitales. La insistencia de Bruselas en que los controles son compatibles con el Tratado de la Unión sientan un precedente peligroso. Aceptar el control de capitales es minar la moneda única y la misma UE. La fuga de depósitos se puede controlar con una actuación decidida, y manifiesta, por parte del BCE que garantice liquidez a los bancos chipriotas por importe de las salidas de capital siempre que los bancos sean solventes y puedan aportar las garantías adecuadas. Y siempre que se respete la promesa de seguro para los depósitos de hasta 100.000 euros. Si el BCE duda de la solvencia o del colateral aportado por los bancos chipriotas, entonces se necesitarán fondos europeos adicionales... o bien Chipre deberá abandonar el euro.
Esta crisis indica hasta qué punto es urgente avanzar en la unión bancaria. Las piezas fundamentales de la unión bancaria, planteada en junio de 2012, son la supervisión de las instituciones bancarias por parte del BCE, aprobada en diciembre de 2012, unas reglas uniformes de supervisión, control y resolución de entidades, y, en el futuro, un mecanismo único de resolución y un sistema de seguro de depósito integrado. Hay dos propuestas de directiva de la UE, sobre resolución de entidades y sobre seguro de depósito, que deberían ser aprobadas el año en curso. La directiva de resolución introduce el orden de prelación de acreedores para una entidad en quiebra según el modelo expuesto más arriba. Incluye, potencialmente, tanto a los acreedores junior y senior como a los depósitos no asegurados. Sin embargo, no indica que los depósitos deben ser el último recurso para absorber pérdidas. El objetivo es proteger al contribuyente y mantener la estabilidad financiera y la disciplina de mercado.
Es necesaria la capacidad de recapitalización con fondos europeos para la estabilidad del sistema
El bucle entre riesgo soberano y riesgo bancario se suaviza con los mecanismos de resolución que involucran a los acreedores de los bancos. Sin embargo, la capacidad de recapitalización directa de entidades mediante fondos europeos es necesaria para mantener la estabilidad del sistema. La decisión europea de junio de 2012 la condicionaba al establecimiento de un supervisor europeo. El BCE va a asumir este papel en 2014, pero Alemania, Holanda y Finlandia creen que la recapitalización directa no se debe aplicar a los activos heredados. Al mismo tiempo, estos países no desean que el sistema de seguro de depósito europeo dé garantías a los depositantes de un país con fondos comunes mutualizados sino con fondos nacionales. Como el caso de Chipre demuestra, hoy por hoy, la garantía de los depósitos en un país es tan buena como la solvencia del soberano. Ciertamente, esta interpretación previene el riesgo moral, pero limita mucho la capacidad de los fondos europeos para atajar posibles riesgos sistémicos. El equilibrio entre el control de ambos riesgos es muy delicado. Los fondos europeos deberían ser un instrumento efectivo para compartirlos aunque solamente deberían intervenir en última instancia y para prevenir un riesgo sistémico.
La Comisión Europea debe presentar este año una propuesta de mecanismo de resolución único que debería contener una autoridad europea centralizada de resolución. Esta autoridad debería obtener fondos de la misma industria financiera y del contribuyente europeo en caso necesario. La cuestión es dónde debe radicar esta autoridad. Una posibilidad es que resida en la Comisión Europea aunque los fondos necesarios provengan del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En el futuro se podría adoptar el modelo de EE<TH>UU con la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) que lleva a cabo a la vez, y exitosamente, funciones de fondo de garantía de depósitos y de autoridad de resolución.
La crisis de Chipre es un recordatorio del camino que queda por recorrer y de que seguimos viviendo peligrosamente. Si se aprenden las lecciones de esta crisis habremos dado un paso adelante hacia la unión bancaria.
Xavier Vives es profesor de IESE.
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