Presos de la inercia

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo celebró ayer una vista importante para la política española. La sala de ese tribunal formada por siete jueces dictaminó por unanimidad en julio pasado que la doctrina Parot no respeta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por España. Ahora, la más alta representación del mismo tribunal debate el mismo asunto a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy, defensor de esa doctrina que estableció en 2006 y con carácter retroactivo un nuevo cómputo de cumplimiento de condenas para evitar que terroristas juzgados y condenados por el Código Penal de 1973, más benigno que el actual en cuanto a redención de penas, salieran de la cárcel cuando legalmente les correspondía.

Aquel primer dictamen contra la doctrina Parot no determina la decisión actual del tribunal —que se conocerá en unos meses y será inapelable—, pero arroja serias dudas sobre las posibilidades de éxito del recurso del Gobierno y expone a España a un nuevo varapalo de la justicia europea. Aquella doctrina jurisprudencial, establecida por el Tribunal Supremo y refrendada por el Tribunal Constitucional, fue polémica, pero respondía en su momento a una alarma social que, provocada por la inminente excarcelación de sanguinarios etarras de los años ochenta, fue magnificada por el Partido Popular en su estrategia de oposición con la lucha antiterrorista como ariete para socavar al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al que llegó a acusar de haber renunciado a derrotar a ETA.

Seis años después, la violencia terrorista ha cesado, la alarma social ha disminuido notablemente, muchos de esos sanguinarios etarras están cumpliendo largas condenas y una primera sentencia europea ha dictaminado la ilegalidad de la doctrina Parot. Ante este escenario, el Gobierno, preso de la inercia del pasado, es contumaz. Hace lobby junto a algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo que tanto manipuló en su favor y emite mensajes de relativa compatibilidad con el Estado de derecho. Ahí está la advertencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que se puede hacer “ingeniería jurídica” para esquivar el dictamen del tribunal europeo en caso de que este se manifieste de nuevo en contra de la doctrina Parot.

Son muchos los expertos que consideran que la doctrina Parot es un disparate jurídico. Aplicar con carácter retroactivo una medida desfavorable al reo vulnera un pilar elemental del Estado de derecho. Los presos juzgados y condenados por el código de 1973 y susceptibles, por tanto, de ver ampliadas sus penas por esa doctrina son, por mera cuestión de calendario, cada vez menos. ETA tiene pendiente el gran paso de su disolución, pero mientras tanto, en este asunto, cabe preguntarse si merecía la pena que este Gobierno pusiera en riesgo de nuevo la credibilidad del sistema penal español.