Nada hay más descorazonador, en tiempos azotados por el paro y los recortes, que la malversación de fondos públicos quede impune a los ojos de todos. Esta es la razón por la que la Audiencia de Barcelona ha decidido aplicar un severo correctivo al desenlace pactado del caso Pallerols denegando la suspensión de la pena de prisión para los tres condenados. Tras 14 años de azarosa instrucción y constantes tácticas dilatorias, la causa concluyó el pasado enero con un acuerdo entre fiscalía y acusados por el que estos admitían los cargos a cambio de una importante rebaja en las penas, que quedaron reducidas a siete meses de cárcel para dos de ellos y a año y medio para el tercero, por haber participado en una trama de financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya con fondos de la UE gestionados por la Generalitat. Pese a la legalidad del acuerdo, sorprendió que la fiscalía se aviniera a una rebaja tan sustancial de las penas.

El pacto tenía dos objetivos: evitar que el máximo dirigente de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, tuviera que declarar en el juicio, y eludir que los tres acusados entraran en prisión, en la confianza de que se aplicaría en este caso lo que es habitual cuando la pena es inferior a dos años y el condenado no tiene antecedentes. Pero la suspensión es una facultad del tribunal y en este caso, en una acertada decisión, ha roto los efectos enmascaradores del acuerdo, alegando que suspender el ingreso en prisión implicaría la “cuasi impunidad” de políticos y poderosos, algo “obsceno” en estos tiempos de crisis y corrupción.

El desenlace del caso Pallerols estaba teniendo un efecto muy corrosivo sobre la confianza de los ciudadanos en la justicia y en la política. Había quedado acreditado que un alto cargo de Unió —Lluís Gavaldà, director general de Ocupación—, en connivencia con un cargo del partido —su hermano Vicenç Gavaldà— y un militante propietario de academias, Fidel Pallerols, habían desviado hasta un 10% de las subvenciones, recibidas para la formación de parados, para pagar gastos y nóminas del partido. El que, pese al escándalo que ello supone, ninguno de los condenados ingresara en prisión no podía ser considerado sino una burla a la ciudadanía. Como lo es también que el máximo responsable de Unió, entonces y ahora, trate de eludir cualquier responsabilidad negando, pese a la sentencia, que se financió irregularmente. Con esta enmienda, la justicia ha hecho en este caso los deberes. La política todavía no.