Investigar con rapidez

En paralelo con la instrucción judicial del caso Gürtel, y por el momento al margen de la misma, la Fiscalía Anticorrupción ha tomado cartas en el asunto Bárcenas con una investigación sobre la presunta caja B del Partido Popular, puesta de relieve en los documentos contables de su antiguo gerente y tesorero, Luis Bárcenas, que está citado hoy a declarar. A requerimiento de la Fiscalía, este periódico entregó ayer los papeles de Bárcenas publicados íntegramente el 3 de febrero, así como otros relativos a la contabilidad del PP de Madrid difundidos el 27 de enero. El director de EL PAÍS accedió a la entrega tras asegurarse de que eso no pone en peligro la identidad de las fuentes informantes.

La Fiscalía hace lo que debe, y solo cabe preguntarse por qué no empezó antes; por ejemplo, cuando se supo que Bárcenas sacó cajas de documentos de la sede central del PP. La ciudadanía tiene la impresión de que en España se tarda demasiado en investigar y castigar la corrupción. En todo caso, lo deseable es que los resultados se conozcan cuanto antes, dada la magnitud de la crisis política originada, su impacto en la sociedad española —la lista de empresas relacionadas con la construcción alimenta las sospechas de financiación irregular— y la enorme repercusión internacional adquirida por los últimos episodios conocidos.

A despecho de los improvisadores de argumentos, que sueñan con un cerrojazo fulminante del caso, media docena de cargos del PP mencionados en la contabilidad manuscrita han reconocido la certeza de los asientos que les afectan, frente a otros que los niegan.

Pero la polvareda levantada por este asunto no debe ignorar otra cuestión central: la fortuna acumulada por el antiguo gerente y tesorero del PP fuera del alcance del fisco. Tras el descubrimiento de una primera cuenta en Suiza en la que hubo saldos de hasta 22 millones de euros, el juez Pablo Ruz, que lleva la investigación de la trama Gürtel, ha encontrado una segunda cuenta suiza desde la que Bárcenas pagó la regularización de parte del dinero defraudado en España, al amparo de la amnistía fiscal concedida por el Gobierno. El magistrado quiere saber si otra veintena de imputados se ha acogido a esa amnistía, tras conocer que lo ha hecho al menos uno de ellos. Es el mismo juez que tomará declaración a Jesús Sepúlveda para aclarar los regalos y dádivas que él y su cónyuge —la ministra Ana Mato, de la que actualmente se encuentra separado— recibieron de Gürtel.

Mientras se deja trabajar a la Fiscalía y a la justicia, la política se muestra incapaz de llevar al Parlamento la crisis originada por la presunta corrupción y la muy cierta amnistía fiscal. El Grupo Popular vetó ayer todas las iniciativas de la oposición a ese respecto. El partido gobernante se arriesga así a convertir el debate sobre el estado de la nación, dentro de dos semanas, en una discusión sobre el estado del Gobierno y del PP.