Dos propuestas simples y urgentes

En lugar de limitarnos a expresar nuestro enfado, como trasuntos de Jeremías, los ciudadanos podríamos fijar una o dos exigencias urgentes y no cejar hasta conseguirlas. Son las cosas precisas las que se traducen antes en nuevas realidades y estamos muy necesitados de ellas.

Por ejemplo, una modificación urgente de la Ley Orgánica de Partidos, para dejar establecido que sus órganos ejecutivos son responsables, a todos los efectos, de las cuentas de sus organizaciones, como lo son los consejos de Administración de las empresas. Se lograría así acabar con la letanía de dirigentes políticos que no se dan por enterados de los escándalos de financiación de sus partidos y que no se hacen responsables ni de los dineros que entran y salen ni de las posibles ilegalidades que se cometan en ese camino.

Si el comité ejecutivo del PP hubiera tenido responsabilidad penal en las cuentas, la señora Cospedal y el señor Arenas no podrían escudarse detrás de ese “no me consta” con el que nos exasperan. Lo más probable es que los propios miembros de las ejecutivas, antes de estampar su firma bajo las cuentas, exigieran una auditoria externa exhaustiva. Esas auditorias pueden ser también incorrectas, pero aun así ofrecen mayor garantía que el Tribunal de Cuentas, tributario de los partidos e incapaz de destapar la financiación ilegal.

Recordemos, además, que la Ley Orgánica, que nació en 1978, fue modificada a toda velocidad en 2002, con el argumento de que había que recoger “la experiencia acumulada en estos años”. Entonces se trataba de ilegalizar a Batasuna. Ahora se trataría de recoger esa experiencia para atajar la descomposición de los propios partidos.

Habrá quien crea que confiar la lucha contra la corrupción a una futura ley es retrasarla sin fecha previsible. No tiene por qué ser así. Los ciudadanos están hoy profundamente irritados con los partidos, a los que reprochan su inoperancia a la hora de resolver los problemas que padecen. Esta vez los ciudadanos pueden ejercer suficiente presión para lograr, quizás, un “Pacto contra la Corrupción” que firmen todos los partidos y que se plasme en nuevas medidas generadoras de control.

Esa misma irritación política debería llevar también a aprobar una Ley de Transparencia, capaz de luchar, a su vez, contra la corrupción en las Administraciones y entidades públicas. Para eso haría falta modificar el texto propuesto por el PP, claramente insuficiente, adaptándolo a sus equivalentes de la UE. No hay razón para que estas dos propuestas no puedan llevarse a cabo con extrema rapidez.

Pero nada de todo esto puede tampoco ocultar otra realidad inmediata. La existencia de un entramado de corrupción tan grande como el que se está revelando en el PP, y en algunas Administraciones autonómicas, coloca a Rajoy en una situación delicada, de la que no puede escabullirse con un simple “no me constaba”. Rajoy no es solo el presidente del PP, sino el del Gobierno, de un Gobierno, además, que se confiesa incapaz de encontrar soluciones rápidas para aliviar la situación que sufren sus ciudadanos. No está en posición de zafarse, porque, además, está corriendo un serio riesgo de desestabilización dentro del propio PP, algunos de cuyos dirigentes (aparentemente Esperanza Aguirre, entre ellos) creen que no puede llegar al final de su mandato y que no puede ser el próximo candidato.

Rajoy está obligado a hacer frente a la situación, ordenar a la secretaria general que dé todo tipo de explicaciones sobre las actividades de Bárcenas mientras fue su tesorero, es decir, sobre cómo financió la organización y qué dinero manejó. El responsable de la financiación del PP a efectos internos, no es Bárcenas, sino la Ejecutiva, porque, según sus propios estatutos, es ese órgano el encargado de “elaborar el presupuesto (...) así como de aprobar todas las acciones conducentes a la obtención de ingresos para el partido”.

Rajoy está obligado esta vez a defender su propio prestigio, si no quiere que se le coman de un bocado algunos de sus propios compañeros. Conste que este no es el principal problema de los españoles. Es una simple constatación de la situación en que se encuentra el presidente del Gobierno.