Recorte arriesgado

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, advirtió tras su llegada a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha que acometería recortes “dolorosos”. Su política de contención del gasto está siendo, en efecto, ambiciosa, pero también indiscriminada. La presidenta ha reducido las partidas correspondientes al gasto social y ahora, en busca de nuevos ahorros, acaba de cerrar el servicio nocturno de urgencias de 21 pequeños municipios del extenso territorio de la comunidad. Las protestas no se han hecho esperar. No solo han clamado en contra ciudadanos afectados y políticos de la oposición; alcaldes y concejales del PP también se han manifestado y cuatro ediles de Honrubia (Cuenca) han abandonado sus cargos.

Cospedal ha tomado decisiones polémicas y ciertamente discutibles en su lucha contra el déficit, como retirar la subvención a las casas de acogida de mujeres maltratadas o eliminar los sueldos de los diputados autonómicos. Su postura en este caso es difícil de defender desde el punto de vista social, pero también presupuestario. El ínfimo ahorro —de entre uno y 1,7 millones de euros, según cálculos de la oposición y del Colegio de Médicos— no justifica la desprotección en la que se deja a los 100.000 ciudadanos afectados, muchos de ellos de edades avanzadas, y por tanto con problemas de salud, y alejados hasta en 50 kilómetros de un servicio de urgencias que pueda atenderles en caso de extrema necesidad.

Alega la Junta que estos servicios de urgencia registraban una “baja afluencia” de pacientes, minusvalorando así el valor de este tipo de servicios sociales respecto al mantenimiento del tejido rural. Frente a las políticas agrarias que tanto defiende España en Bruselas y que intentan fomentar el desarrollo del campo, la Junta de Castilla-La Mancha, con amplias zonas rurales y baja densidad demográfica, cierra escuelas y servicios sanitarios, facilitando de esta forma el proceso de despoblación.

El cierre de estas urgencias en 21 de los 182 centros de la región generará, como mínimo, ansiedad entre la población y es una medida arriesgada. Las consecuencias pueden ser dramáticas en caso de que la atención requerida fuera de gravedad. Tras recorrer las carreteras de la zona, además, estos ciudadanos puede que se encuentren con un servicio de urgencias colapsado. A la concentración de tales unidades se unen los recortes ya sufridos en los hospitales. Y todo por un ahorro relativamente escaso en una comunidad cuyo presupuesto asciende a los 7.440 millones.

Castilla-La Mancha no es la única comunidad en la que se discute sobre la sanidad. El presidente Ignacio González está acometiendo la privatización de la gestión de cuatro hospitales en Madrid.La precarización previa y, a renglón seguido, la privatización no parecen las recetas más adecuadas para defender la sostenibilidad del sistema.