El falso debate sobre la inmersión lingüística

Tras la presentación a las comunidades autónomas del nuevo borrador del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se ha generado un intenso debate sobre el tratamiento de la lengua castellana y las lenguas cooficiales. La consejera catalana, después de abandonar la reunión sectorial por considerar “innegociable” el tema de la lengua cooficial acusó, ante los medios, al equipo del ministerio de atacar el modelo de inmersión lingüística de Cataluña y pretender disminuir la relevancia del catalán en la escuela.

Estas acusaciones se han multiplicado de forma exponencial en los medios de comunicación, transmitiéndose así la idea de que la reforma educativa tiene como uno de sus objetivos “ideológicos” dañar o acabar con un modelo educativo que se considera un éxito en Cataluña y que representa mucho más: una señal de identidad. Sobre esta base, la reforma educativa ha sido calificada de sectaria, recentralizadora, fanática, neofranquista; y de representar un ataque sin precedentes a las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la educación, tan importante para los nacionalistas.

La capacidad de generar un debate de tal magnitud revela un problema de fondo muy grave: la facilidad con que la manipulación y la distorsión de la realidad con fines políticos se acepta, sin el menor esfuerzo por conocer los hechos objetivos, cuando se apela a un victimismo histórico que sigue despertando pasiones. De esta forma, se crea una caricatura de la realidad que a continuación es duramente criticada, alimentando así en la opinión pública la imagen de un monstruo voraz frente al cual no cabe otro posicionamiento que el ataque o la postura defensiva. Dicha estrategia resulta muy efectiva desde el punto de vista del impacto mediático, pero no contribuye en nada a un debate constructivo al desplazar el centro de atención de las cuestiones reales a otras imaginarias.

La propuesta del ministerio se basa en sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que ponen de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho de los alumnos a elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. De acuerdo con el contenido de dichas sentencias, se reconoce que, a lo largo del proceso de normalización lingüística, las comunidades autónomas con lenguas cooficiales podrán discriminar positivamente a favor de la lengua cooficial. Tan solo define un límite: la discriminación a favor de la lengua cooficial no puede suponer la exclusión del castellano.

No excluir al castellano es el único límite a la discriminación positiva a favor de la lengua cooficial 

Este límite ha sido reconocido, de forma reiterada, en las sentencias mencionadas, pero en el caso de Cataluña no se ha hecho efectivo el ejercicio de dicho derecho. Es por ello por lo que se ha introducido, como novedad, un mecanismo de actuación en caso de que, como ya ha anunciado el Gobierno catalán, se incumpla la ley. Este mecanismo contempla la posibilidad de que, cuando la Administración educativa no respete el derecho de los alumnos a escoger el castellano como lengua vehicular, puedan acudir a un centro privado y el coste sea sufragado por la comunidad autónoma. Siendo verdad que en tiempos de crisis económica esta opción resultaría particularmente lesiva a las arcas del Ejecutivo autónomo, no lo es menos que, por la misma razón, resulta un elemento disuasorio importante frente a una potencial actitud de insumisión.

Es fundamental aclarar que Cataluña es una excepción a la regla general, pues solo oferta el modelo de inmersión lingüística que discrimina a favor del catalán, excluyendo al castellano como lengua vehicular. El resto de las comunidades autónomas han elaborado modelos que integran a las dos lenguas cooficiales: bilingües, en los que se reparten las materias que se enseñan entre ambas lenguas e incluso, cada vez más, plurilingües, donde se integra una tercera lengua, extranjera. El País Vasco y Navarra, además de estos modelos, ofertan inmersión lingüística, lo que en la práctica representa la convivencia de una variedad que garantiza la pluralidad de la oferta.

Otra de las críticas al borrador presentado por el ministerio es que la importancia relativa de la lengua cooficial se rebaja al no ser considerada asignatura troncal. Uno de los principales objetivos de este anteproyecto de ley es definir claramente cuáles son las competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de los centros, una asignatura pendiente desde que las competencias de la gestión de la educación fueron transferidas. En la actualidad, los porcentajes de los contenidos asociados a la carga lectiva de cada asignatura se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que en la práctica es difícil de medir y ha generado problemas en asignaturas donde los contenidos definidos dentro de cada margen competencial resultaban contradictorios entre sí.

Se propone, pues, un cambio de modelo, donde las asignaturas se reparten en bloques dependiendo de a quién correspondan las competencias, pero que de ninguna forma representan una jerarquía de importancia. Las asignaturas denominadas troncales son aquellas en las que el Estado define los contenidos y diseña las evaluaciones de final de etapa, aquellas comunes a todos los alumnos españoles. Las asignaturas específicas son en las que el Estado establece los estándares de evaluación y diseña las evaluaciones finales, pero la definición de contenidos corresponde a las comunidades autónomas. En las asignaturas de especialidad, a la que pertenecen las lenguas cooficiales, la comunidad autónoma define totalmente los contenidos. La importancia que les corresponde a las lenguas cooficiales radica en el hecho de que serán evaluadas por las comunidades autónomas y tendrán la misma consideración que el resto de asignaturas con vistas a la superación de la prueba de evaluación a nivel nacional y, por tanto, requisito necesario para la obtención del título de ESO y de bachillerato.

Las evaluaciones externas a nivel nacional son motivo de preocupación para el Gobierno catalán, pero este punto de desencuentro no ha sido aireado públicamente como parte del debate. Son ya muchas las experiencias internacionales que demuestran que este tipo de evaluaciones conducen a una mejora rápida de los resultados de los alumnos.

La propuesta del ministerio en absoluto quiere reducir el peso de la enseñanza en catalán

Es difícil, pues, entender la aversión que existe en Cataluña a que sus alumnos sean evaluados con los mismos niveles de exigencia que el resto, pues es de sobra conocido el impacto tan positivo que pruebas como PISA han tenido sobre los sistemas educativos.

Es, pues, rotundamente falso que la propuesta presentada por el ministerio tenga como objetivo modificar en modo alguno el sistema de inmersión lingüística o disminuir el peso relativo de la enseñanza en catalán. El debate real es saber si el Gobierno catalán va a garantizar el derecho a elegir el castellano como lengua vehicular. Dentro de un proceso de negociación y debate, plantear de forma unilateral cuáles son los temas innegociables sin escuchar al resto de las comunidades autónomas, manifestar públicamente la negativa a aplicar una ley que aún está en fase prelegislativa y desviar el debate de los temas centrales hacia cuestiones demagógicas, representa una falta de respeto a las normas de convivencia democrática. Las reacciones extremadamente polarizadas, tanto de los que se suman a la crítica radical como de aquellos que consideran esta propuesta un acto heroico, son, en mi opinión, un triste reflejo de la inmadurez de nuestro sistema democrático. La reforma de la educación debería ser objeto de un debate informado y sensato.

Montserrat Gomendio es secretaria de Estado de Educación.