Ha sido necesaria la denuncia pública de una comisión de jueces y dramas personales de afectados por desahucios para que los grandes partidos políticos fueran conscientes de la calamidad que ahoga en la desesperación a cientos de miles de familias españolas. Tras la propuesta presentada por el PSOE para paliar este problema, es una buena noticia que el Gobierno se comprometa a buscar una solución. Perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca supone en muchos casos bajar el peldaño definitivo hacia la exclusión social. Desde que comenzó la crisis se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias y se estima que hay otras 200.000 en curso.

Diversas iniciativas parlamentarias han tratado de afrontar este problema, sin éxito. Si se han aprobado generosas ayudas al sector financiero y se han destinado 60.000 millones de euros al rescate de la banca, justo es también que se rescate a quienes corren el riesgo de perder su vivienda por una insolvencia sobrevenida no dolosa. Si las entidades obtienen dinero del Banco Central Europeo en condiciones muy ventajosas, incluso al 0% de interés y con dos años de carencia, justo es también que parte de ese dinero sirva para aliviar la situación de quienes han sido víctimas de una crisis causada en su origen por los abusos de la economía financiera.

La propuesta que ha presentado el PSOE debería ser la base de una reforma legal que ponga fin al desequilibrio existente y a la indefensión en que se encuentran los deudores. Fiar cualquier cambio a la autorregulación supone retrasar la solución. La banca ya adoptó un código de buenas prácticas que aplica en muy contados casos próximos a la indigencia. Hace falta una reforma estructural que ofrezca soluciones duraderas y dignas para los deudores e impidan los abusos de algunas entidades bancarias, como han denunciado también las asociaciones de magistrados y fiscales. Entre el abanico de prácticas abusivas está la argucia legal de presentar como postor a su propia inmobiliaria para poder adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de tasación, en lugar del 60% que establece la ley en caso de subasta desierta; o demorar la subasta con pretextos procesales, a la espera del banco malo, mientras el desahuciado hace frente a unos intereses de demora de hasta el 25%.

El resultado es que el desahuciado se queda sin vivienda y sigue teniendo que responder con todo su patrimonio presente y futuro por la parte de la hipoteca que queda pendiente, incrementada con las costas judiciales y los intereses de demora. El proyecto de ley de los socialistas, a los que se puede culpar de no haber tomado medidas cuando estaban en el poder, contempla medidas que impiden los abusos, equilibran la relación y permiten a los deudores permanecer en la vivienda mediante fórmulas diversas. La propuesta debería alumbrar una nueva regulación que incluya la dación en pago en algunos casos, en la línea de la propuesta formulada por la comisión de jueces. No hacerlo sería muestra de insensibilidad social.