Que el Gobierno colombiano y la guerrilla marxista FARC hayan llegado, tras más de medio año de conversaciones secretas, a una agenda sobre la que negociar la paz a partir del mes próximo en La Habana alienta la posibilidad de que esta sea la ocasión definitiva para liquidar un conflicto de medio siglo, con centenares de miles de muertos y millones de desplazados. De los prolegómenos escenificados en Oslo parece desprenderse que las dos partes, pese a patentes divergencias, han aprendido de sus errores pasados (las últimas negociaciones se remontan a una década). La inevitable soflama propagandística del jefe negociador guerrillero, llamando a “desenmascarar al asesino metafísico que es el libre mercado”, no oculta que también Bogotá asume la necesidad de cambios sociales profundos para combatir la brutal desigualdad del país sudamericano.

El presidente Juan Manuel Santos ha descartado un alto el fuego durante el proceso negociador. Una lucha armada de generaciones no se liquida en dos días. El diálogo en embrión requerirá enorme discreción y cesiones por ambas partes. Pero hay elementos que apoyan la esperanza; el principal, la debilidad de una insurgencia diezmada por el Ejército y las deserciones, que ha pasado con los años de pretender un régimen marxista para Colombia a encenagarse en el imperio delictivo de la cocaína. La concreción en cinco puntos de la negociación (reforma agraria, desarme, asimilación civil de los guerrilleros, trafico de drogas y compensación a las víctimas) le confiere un foco indispensable.

La experiencia, sin embargo, no permite excesos de optimismo. Hay temas cruciales que no se decidirán en la mesa de La Habana. El más importante, si los colombianos están dispuestos a que los terroristas de las FARC —asesinatos indiscriminados, secuestros, atentados— se reintegren sin más a la vida social y política. Los sondeos muestran que casi el 80% no aprueba una eventual amnistía.