¿Por qué Cameron oculta las 27 cartas secretas de Carlos de Inglaterra?

El Gobierno británico ha vetado la publicación de 27 cartas enviadas por el príncipe Carlos a siete departamentos ministeriales durante un periodo de siete meses entre 2004 y 2005. La decisión, tomada por el fiscal general del Reino, Dominic Grieve, impide así a los británicos tener un conocimiento cabal de las presiones que ejerce al Gobierno el heredero de la corto para intentar influenciar con sus opiniones personales la política del ejecutivo.

La decisión de Grieve contradice frontalmente la sentencia dictada por la Cámara Administrativa de Apelaciones, que hace ahora un mes concluyó que 27 de las 30 cartas a las que el un periodista del diario The Guardian, Rob Evans, intenta acceder desde hace siete años son de interés público y pueden ser hechas públicas. El tribunal concluyó que esas cartas muestran que el príncipe Carlos “está utilizando su acceso a los ministros del Gobierno, y sin duda se considera si mismo con derecho a ese acceso, con el objetivo de poner en marcha e impulsar obras de caridad y promover sus opiniones, pero no como parte de su preparación para ser rey”.

El fiscal general, sin embargo, ha llegado a la conclusión exactamente contraria. “En resumen”, sintetiza en una nota en la que explica las razones de su veto, “mi decisión se basa en mi opinión de que la correspondencia formaba parte de la preparación del príncipe de Gales para ser rey”. “El príncipe de Gales dio pie a esa correspondencia con los ministros en la creencia de que sería confidencial. Hacer pública la correspondencia podría dañar la capacidad del príncipe de Gales para ejercer sus obligaciones cuando sea rey”, razona.

Mientras para el Gobierno la publicación de esas cartas cuestiona la capacidad de Carlos para cumplir su obligación de neutralidad política, quienes han sufrido los efectos de las presiones de Carlos creen que esa neutralidad esta comprometida por el hecho mismo del empeño del heredero de influir en las decisiones del Gobierno.

“Cuanto más sabemos acerca de las presiones ejercidas por Carlos durante decenios, más poco apropiadas me parecen”, ha declarado la diputada laborista Katy Clark, que en su día propuso que la jefatura del Estado fuera un cargo electo. El arquitecto Richard Rogers, que en su día vio cómo se iba al traste un gran proyecto suyo en Chelsea por las presiones del príncipe, ha denunciado que esta decisión permitirá al heredero “seguir haciendo daño sin dejar rastro”. “O somos una democracia o no lo somos. Creo que nadie, sea rey, príncipe o un hombre pobre, tiene derecho a socavar decisiones con intervenciones privadas que tienen impacto público. La única manera que tiene Carlos de ser una figura pública es actuando en público. No es democrático que encubra sus intervenciones”, ha añadido.

El diario The Guardian ha asegurado que piensa intentar llevar el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia. La publicación de esas cartas apoyándose en la Ley de Libertad de Información fue inicialmente denegada por el Comisario de Información, autorizada luego por la Cámara Administrativa de Apelaciones y vetada de nuevo por el Gobierno a través del fiscal general.