El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha recurrido a su condición de ministro-ideólogo para inventar una de esas frases —“españolizar a los alumnos catalanes”— que encienden a la opinión pública. La polarizan entre los defensores de una suerte de reconquista de Cataluña para España y los que acusan de centralistas y retrógrados al conjunto de los españoles. La intervención de Wert, que ha inquietado incluso al jefe del Estado, no ha merecido desautorización ni respaldo expreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pese a su discurso reiterado de no distraerse de lo esencial, la crisis económica y financiera. Y demuestra que en el Ejecutivo, por electoralismo, pero también por convicción, hay quien se permite jugar con fuego para movilizar a los electores en torno a la cuestión identitaria de la españolización.

El problema es que está en riesgo la convivencia entre Cataluña y el resto de España. Esas relaciones se encuentran en un estado demasiado tenso como para atizar las llamas con gasolina verbal de alto contenido emocional. Una intervención como la de Wert cae, además, en pleno ascenso de los partidarios de limitar las capacidades de las autonomías, si no de suprimirlas. El ministro y el PP creen jugar con el viento a favor de la opinión pública, porque los ciudadanos partidarios de la recentralización total o parcial del Estado (39%) ya son más numerosos que los de mantener la actual organización de las autonomías (29,5%), según el último barómetro del CIS, lo cual representa un vuelco en términos de opinión pública.

Mientras tanto, crecen las tendencias soberanistas e independentistas. Sin demasiado ruido en el País Vasco, pero con un formidable estrépito en Cataluña, donde el bloque de los que se sienten solo catalanes, sumado al de los que se consideran más catalanes que españoles, asciende al 59%, según el Centre d’Estudis d’Opinió. Los que se consideran tan catalanes como españoles son el 32%, mientras el 7% solo se considera español o más español que catalán.

Los políticos nacionalistas de Cataluña no muestran la menor intención de pacificar el conflicto. Todo lo contrario. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiere preguntar a los catalanes si desean que Cataluña se convierta en “un nuevo Estado en la UE”. Y para ello pide que se refuerce su poder: “En los próximos cuatro años el país necesita a un presidente muy fuerte y eso solo se puede obtener a través de los votos”, un “voto prestado al servicio de un objetivo de país”, declaró el viernes a La Vanguardia. En otras palabras, Mas pide todo el poder para él, a seis semanas de las elecciones convocadas en esa comunidad. Corresponde a los votantes medir y sopesar lo que implica concentrar el poder político en una persona, con un objetivo tan delicado entre las manos como el de romper los consensos precedentes y proceder al inicio de un tortuoso proceso de separación de Cataluña del resto de España.

El Gobierno de Rajoy tiene que reflexionar sobre las consecuencias de responder al nacionalismo catalán atizando un nacionalismo españolista primario, que se suba a la ola de los que alimentan las tendencias recentralizadoras del Estado autonómico como valladar frente a los soberanismos. Por supuesto le guían también intereses electoralistas, porque no en vano el PP se juega su posición en los comicios del País Vasco, Galicia y Cataluña, y porque la fidelidad de voto a este partido ha caído en picado.

Ninguno de los contendientes puede olvidarse de que los calentones para la galería no van a resolver problema alguno de la organización de España. Al contrario, empeñarse en potenciar nacionalismos identitarios, de uno u otro carácter, empeora aún más las condiciones para intentarlo.