El domingo salió en EL PAÍS una noticia minúscula, apenas media columna firmada por Carmen Morán, que seguro que muchos de ustedes ni siquiera vieron. Según datos de agosto, el sistema de ayuda a la dependencia ha perdido 4.811 personas: cada vez se atiende a menos dependientes. Y no es que de repente todos se estén curando milagrosamente y ya no necesiten ser asistidos: hay 239.000 personas con derecho a la ayuda que siguen aguardando a que se la concedan. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Pues que los usuarios van muriendo y sus plazas no son ocupadas. También los que están a la espera van bajando: en julio eran 242.000. Esos fallecieron sin conseguir ser atendidos.

Para mí la Ley de Dependencia es una de esas medidas esenciales, ni electoralistas ni sectarias, que construyen Estado. Tuvo un desarrollo titubeante desde el principio, pero ahora ha entrado en el desguace final. Muchos de los dependientes son ancianos. Recuerdo a un conocido de mis padres que iba todo harapiento y que decía: “He tenido la mala suerte de que mi salud me ha durado más que mi dinero”. En abril, ese organismo tan cariñoso y generoso que es el FMI se quejaba del “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”, porque los ancianos longevos salen muy caros. Pues nada, ¡que les corten la cabeza!, como diría la Reina de Corazones de Alicia. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Rajoy, siempre tan deseoso de complacer a los prebostes de la economía, ha decidido cumplir también con este tácito mandato de los financieros. Antes se tenían que resolver los expedientes de dependencia en menos de seis meses o te multaban. Ahora tienen dos años para hacerlo. Qué ingenioso truco: la palmarán solitos mientras aguardan. Dentro de poco, también en esto podremos ofrecer unas cifras niqueladas al FMI.