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TRIBUNA

Ocupar el Congreso

La iniciativa del 25-S sería la coartada legal para la respuesta inevitable por parte de las instituciones

Desde hace semanas se está produciendo un debate, tan rico como confuso, sobre una de las acciones más beligerantes contra la crisis de la política democrática: ocupar el Congreso el próximo 25-S. Rodearlo indefinidamente, exigir su disolución, provocar la dimisión del Gobierno y del jefe del Estado, abrir un periodo constituyente y convocar nuevas elecciones. Este programa de máximos, de fuerte contenido ideológico, no es nuevo y es compartido, de forma difusa o expresa, por sectores muy combativos de nuestra sociedad. También por los decepcionados y hartos, a los que se añaden algunos posibles sospechosos pescadores en ríos revueltos.

Pero lo significativo de esta acción es que rodear el Congreso e impedir —intencionadamente— el desarrollo normal de sus funciones, está tipificado como delito en el Código Penal en su artículo 494 y siguientes. Sea cual sea la discutible consideración ideológica sobre la legitimidad (ética y política) de nuestra legalidad vigente, lo cierto es que el debate sobre una acción política que implica cometer un delito abre poderosos interrogantes. A esto hay que añadir el flirteo con la discutible violencia legítima, la radicalidad de la acción rupturista y las dudas (sobre sus últimas intenciones y sus intereses) que han generado algunos de sus principales instigadores: promotores anónimos que han roto los puentes de coordinación con otros sectores del 15-M, más conscientes de los costes / beneficios de una acción imprevisible que propone el “todo o nada”.

Las respuestas, por parte de los actores políticos tradicionales, van desde la preocupación o la histeria a la ceguera y sordera social y política. El hecho de que la acción pueda vulnerar la ley, tal y como está planteada hasta la fecha, actúa como placebo entre los dirigentes políticos. Así, la tentación se instala y se deja de pensar y de actuar con prudencia, atención y responsabilidad, inhibiéndose la reacción urgente e imprescindible de la política formal. Se trataría, simplemente, de un asunto de orden público. Y aquí está el error.

Hoy, muchas y diversas mayorías se sienten excluidas del sistema económico y sufren el desgarro social. Consideran que nuestro sistema político actual es la coartada y la argamasa que consolida un estado de cosas que son insostenibles, e injustas. La lista de razones para la indignación, la irritación e —incluso— la insumisión o la desobediencia, es larga y legítima. La crisis económica sería, entonces, la consecuencia de la crisis de la política. Una política insuficiente, cobarde y cómplice, piensan.

Reconozcamos que es necesario y vital abrir varios y simultáneos procesos o la olla a presión no resistirá

Estamos, también, frente a una ruptura generacional y cultural incuestionable. Una parte muy importante de los jóvenes no siente esta democracia como suya, y sus instrumentos de representación, articulación y gobierno son percibidos como hostiles a sus propias vidas. La mayoría de los partidos políticos (y los sindicatos) formarían parte del sistema y no se plantan frente a él. Esta es la percepción creciente en la nueva cultura política que emerge entre las costuras del Movimiento 15-M.

La política formal debe dar respuesta al desafío real, más allá del 25-S. Las mareas destituyentes crecen y tienen corrientes de fondo que se nutren de aguas frías y calientes: de los que quieren otra política y de los que defienden —consciente o inconscientemente— la antipolítica y la apolítica. Entre los que quieren más democracia… y los que, quizás, quieren menos.

Nuestra democracia (nuestras instituciones) debe reconocer que muestra signos de deterioro muy preocupantes. Y que, como cualquier enfermo sabe, lo importante para abordar un proceso de regeneración y recuperación con éxito pasa por el reconocimiento y aceptación de la gravedad de las lesiones, y de la relación entre estas y las prácticas que las provocan.

Frente a los que proponen Ocupar el Congreso, hay otras voces —tan críticas como los que supuestamente se autoproclaman como más radicales— que proponen Rescatar el Congreso “del mercado y de los mercaderes”. El matiz no es solo semántico. Es un enfoque que pretende, para generar más apoyos y mayorías, anclar la acción en las lógicas de la no-violencia, la radicalidad exigente y responsable —que no arrastre a sus participantes a acciones ilegales de alto coste personal y político— y en la gestión lúcida de la fuerza crítica. Mejor un día de participación / manifestación masiva, pacífica y coordinada, que una ocupación dividida, con episodios incontrolables (con infiltraciones de todo tipo) y que sería la coartada legal para la respuesta inevitable por parte de las instituciones.

La calle hierve. La política formal quiere tirar de manguera, pero las condiciones para el estallido social están ahí. Y no faltarán pirómanos. De nuevo, el tiempo corre muy rápido y la política sigue con el reloj averiado. La agenda de cambios que se debe abordar es, otra vez, constituyente. Debemos recordar, por ejemplo, que la Constitución Española solo pudo ser votada (o no) por las personas que hoy tienen más de 52 años. El resto o no era mayor de edad o no había nacido… ¿Es esto aceptable?

Reconozcamos que es necesario y vital abrir varios y simultáneos procesos o la olla a presión no resistirá. Cuando lo sólido se diluye, por sobrecalentamiento, el paso al estado gaseoso depende, solo, del tiempo y el aumento de la temperatura.

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación.

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