EDITORIAL

La urgencia de pactar

El deterioro del Ejecutivo por los recortes y la gravedad de los retos obliga a consensos básicos

El crédito del Partido Popular y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha deteriorado en pocas semanas sin que de esa situación se beneficie apenas el PSOE, ni menos su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, según el barómetro de verano de Metroscopia que hoy publica EL PAÍS. Coincidiendo con las medidas de recorte de gasto y aumento de impuestos, rechazadas anteriormente desde el PP, se ha cuarteado la imagen de que este partido es el más competente para manejar la economía, lo cual tampoco mejora la confianza en que los socialistas puedan hacerlo mejor. La desmoralización y el enfado deslizan a una parte del voto hacia opciones como IU y UPyD, pero, sobre todo, hacia la abstención o la indiferencia. Una víctima de esta crisis podría ser la propia organización de la democracia, si los dos grandes partidos, que se han alternado en la mayoría de las instituciones, quedaran deslegitimados a los ojos de los ciudadanos.

Por primera vez se observa la desafección de una parte del electorado popular, considerado casi monolítico hasta época reciente. Solo la mitad de los que respaldaron al PP en noviembre están dispuestos a repetir su voto. Dado que no hay convocatorias a las urnas en perspectiva, ese dato solo indica un estado de ánimo, pero coincide con lo que le sucedió al PSOE tras el paquete de medidas anticrisis de Zapatero en mayo de 2010: la confianza de los ciudadanos y de sus propios votantes bajó drásticamente y este partido no se ha recuperado. Para acentuar la imagen de desacierto del Gobierno actual solo faltaba la propuesta de penalizar el aborto por malformación del feto, generadora de un rechazo abrumador, incluso entre dos de cada tres católicos practicantes.

La crisis no pone de relieve únicamente el descontento con la élite política, sino que cuestiona la organización autonómica del Estado. Ocho de cada 10 simpatizantes populares y socialistas interpretan la petición de ayuda financiera al Gobierno central por parte de varias comunidades (Valencia, Murcia, Cataluña) como la señal de que estas han ido demasiado lejos y que es preciso reorganizar su funcionamiento y competencias.

El jefe del Ejecutivo se ha equivocado en el método de gestión de la crisis. Ni ha dado explicaciones, ni ha preparado al país como debiera. Tampoco ha promovido el diálogo, singularmente con el PSOE, para tratar de consensuar las cargas impuestas a ciudadanos que creen que pagan por culpas ajenas. Una gran mayoría quiere permanecer en el euro, pero eso no se va a conseguir sin sacrificios añadidos. En otoño habrá que adoptar decisiones probablemente más difíciles. No bastan las solas fuerzas del Gobierno, como reconoció Rajoy en su comparecencia parlamentaria del 11 de julio, y esto debe traducirse en hechos. El jefe del Ejecutivo tiene la responsabilidad y la legitimidad de intentar un proyecto que restablezca la confianza, lo cual será imposible sin el concurso, al menos, de las corrientes principales de la política y de la sociedad españolas.

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