La dirección de Ràdio Televisión Valenciana (RTVV), la misma que ha colaborado activamente en la ruina de esta empresa llevándola a sus cotas más altas de endeudamiento y desprestigio, ha anunciado un ERE que afectará al 76% de la plantilla. Desde que el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas en 1995, RTVV ha triplicado su plantilla —ahora suma 1.695 empleados— y multiplicado por 40 su deuda hasta superar los 1.200 millones de euros. Durante estos años, con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat y Francisco Camps después, no solo se ha ejercido una grosera y sistemática manipulación informativa —lo que, tristemente, no es monopolio del ente valenciano—, sino que se ha llevado a cabo una política de gastos desorbitada en la que se incluyen contrataciones presuntamente fraudulentas que la justicia analiza ahora dentro de la trama Gürtel.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha encontrado con una bomba de relojería entre las manos; una empresa económicamente inviable que, además, ha perdido audiencia de manera constante y dramática. Es difícil rebatir la necesidad de un ERE en unas circunstancias como las existentes.

Pero resulta inaceptable que la Generalitat no haya depurado antes responsabilidades y explicado los criterios de selección utilizados en los despidos por la actual dirección de la empresa. Al frente de ella está un hombre de Francisco Camps, José López Jaraba, que en los últimos meses ha mantenido una disparatada política de gastos en la que se incluyen dos importantes facturas a consultoras para diseñar el redimensionamiento de la empresa. Fabra, por su parte, ya se ha asegurado un estatuto para RTVV que le permita privatizar programas y franjas horarias y seguir designando, desde la Generalitat y sin consenso, al primer directivo de la casa.

Son algunos datos que indican que los planes para RTVV y su Canal 9 distan mucho de lo que el PP proclamaba ayer: un ERE necesario para “adaptarse a los nuevos tiempos”. Datos que alimentan la indignación de una plantilla que va a pagar los platos rotos de este saqueo institucionalizado en que los políticos han convertido un ente autonómico constituido para fomentar la cultura y la lengua valenciana. Con más de un 50% de las emisiones en castellano, ni siquiera ha cumplido ese propósito.