Una reforma a debate

El ‘caso Dívar’ no solo ha dañado el prestigio del Poder Judicial, sino que ha proporcionado al Gobierno la ocasión de acelerar una reforma que, bajo el argumento de la despolitización, en realidad implica la configuración de un presidente fuerte a la cabeza del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y la reconversión del resto de los miembros de este órgano en participantes en comisiones o asistentes ocasionales a sesiones plenarias. Según la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se trata de designar a veinte personas que sigan trabajando y cobrando de sus profesiones o destinos, de forma que la cualidad de miembro del Consejo sea un añadido a sus tareas cotidianas, limitando la dedicación exclusiva a la persona del presidente del Consejo.

Ruiz-Gallardón no ha anticipado su postura en relación con los que defienden que jueces y magistrados elijan ese órgano en exclusiva o mayoritariamente. A diferencia de otros países, la Constitución española configura a los jueces y magistrados como un poder del Estado. No se trata de elegir a la junta de gobierno de un colegio profesional, sino a la de un poder estatal, que conviene que esté vinculado a la soberanía nacional, como lo está directamente el Parlamento e indirectamente el Gobierno.

Es cierto que en la historia del Poder Judicial no siempre se ha acertado con las personas —como en los otros poderes—, y que el escándalo vivido durante los últimos meses abona la necesidad de correcciones. Una de las más necesarias es dimensionar la estructura del Consejo para asegurarse de que responde a sus necesidades, separando tajantemente lo público de lo privado en la actividad de sus miembros. Ahora bien, tanto el control disciplinario de jueces y magistrados como el de sus ritmos de trabajo o la decisión sobre promociones en la carrera judicial no parecen actividades que pueda desarrollar una sola persona con dedicación exclusiva, ni aún asistido de una comisión. Tampoco debería ponerse a jueces y magistrados en el brete de decidir sobre promociones o sanciones de compañeros con los que comparten tareas cotidianas. Sí tiene pleno sentido que se sometan a los mismos requisitos de transparencia fijados a otros órganos de la Administración, y desde luego, a la obligación de austeridad en el gasto y completa justificación del mismo.

En todo caso, el ministro de Justicia se ha apresurado a ofrecer diálogo a los grupos parlamentarios, además de las obligadas consultas al actual Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. Dada la exhibición de la mayoría absoluta como argumento supremo para justificar actuaciones unilaterales en otros terrenos, es importante y digno de resaltar que, al menos en lo referido al Poder Judicial, el Gobierno cambie de actitud, lance sus propuestas y las someta a debate político. Arreglar este descosido exige el mayor consenso posible.