Sheldon Adelson y el nuevo modelo productivo

Por si alguien aún lo ignora o lo ha olvidado: Sheldon Adelson es un riquísimo magnate norteamericano cuya inmensa fortuna viene de la explotación de casinos de juego, hoteles y lugares de lo que púdicamente se llama a veces “vida nocturna”, una denominación no del todo exacta porque muchos prostíbulos abren también de día. Es, en definitiva, un empresario destacado, tal vez el mayor del mundo, de lo que en tiempos más serios, o puritanos, o mojigatos, o hipócritas (ponga el lector el adjetivo que mejor le cuadre) se llamaba en España la industria del vicio.

En la correspondiente entrada de la web puede encontrar el lector información sobre sus actividades filantrópicas, los pleitos en los que se ha visto enzarzado y sus iniciativas políticas. Entre ellas, el cuantioso y seguramente desinteresado apoyo financiero que en las primarias del Partido Republicano ha prestado, primero a Newt Gingrich, el más siniestro de los en general poco atractivos candidatos republicanos, y ahora ya, desaparecido Gingrich, a Romney. Su postura política se identifica con lo que en la Europa de hoy se suele llamar liberalismo: una doctrina que propugna la reducción del Estado al mínimo posible y considera perversa su intervención en la sociedad y, sobre todo, en el mercado, pues tanto la una como la otra funcionan mejor cuando menos trabas se pongan a la libertad de sus miembros, aunque con eso queden los débiles a merced de los fuertes: el reino animal del espíritu, que dijo el otro. Algo bien distinto y aun opuesto a lo que los americanos entienden por liberalismo, pues los liberales son allí quienes, como los socialdemócratas (y no solo ellos) en Europa, creen que es misión del Estado intervenir en la sociedad para proteger la libertad de todos, al débil frente al fuerte, las minorías frente a la mayoría, y junto a ello, reducir las diferencias en cuanto sea posible hacerlo sin incrementar la pobreza.

El simple hecho de que nos haya elegido muestra que no teme encontrar  resistencias en España

El centro de la actividad empresarial de Adelson está en Las Vegas, una ciudad del Estado de Nevada famosa por este género de diversiones; una de las pocas de los Estados Unidos en las que la prostitución puede ejercerse sin restricción alguna. A partir de ese centro, se va extendiendo por otros lugares del mundo. Ya tiene grandes instalaciones en Asia, en Macao y en Singapur, y ahora quiere abrirlas también en Europa.

Como cabeza de puente ha elegido España. Para nuestra vergüenza y nuestra desgracia, creemos algunos. El simple hecho de que nos haya elegido muestra que no teme encontrar aquí resistencias, o no mayores que en otros Estados europeos, pero quizá hasta él mismo se haya visto sorprendido por el entusiasmo con el que nuestros políticos han acogido su iniciativa. La alborozada disposición a darle cuanto pida y aún más. Y según las informaciones de prensa, lo que pide no es poco: edificabilidad sin restricciones en los terrenos elegidos, vías de acceso, servicios de agua y energía, exención de impuestos y cuotas de la Seguridad Social, supresión de trabas en el mercado de trabajo, en la inmigración y en el movimiento de capitales. Incluso, para no olvidar detalle alguno, eliminación de la prohibición de fumar en lugares cerrados; una petición que la presidenta de la Comunidad de Madrid estaría, según dice, muy dispuesta a satisfacer si tuviera competencia para hacerlo. Por fortuna, no la tiene. Ni para esta ni para muchas de las otras demandas del señor Adelson, que exigirían reformas legales que tal vez no resistirían el control del Tribunal Constitucional. Pero de todo esto tienen ya seguramente cumplida noticia tanto el señor Adelson, como los prominentes hombres de negocios en cuyas manos ha puesto su proyecto español, asesorados como están por grandes despachos madrileños, ni es el aspecto jurídico de la cuestión el que aquí quiero tratar.

Para no pensar mal, hay que creer que el entusiasmo de muchos políticos y en especial la cateta y desvergonzada pugna entre comunidades autónomas (inicialmente entre Madrid y Barcelona, pero después también Valencia y quizá otras comunidades) por atraerse los favores de Adelson nace de la fe en su proyecto. De la confianza en su promesa de invertir varios miles de millones de dólares, que darán lugar a la creación de decenas de miles de puestos de trabajo. Tal vez esa esperanza esté bien fundada, pero tal vez no. En la Red pueden también encontrarse (aunque con dificultad creciente) los datos que algunas plataformas ciudadanas dan sobre el coste económico y medioambiental del proyecto y el Financial Times ofrecía hace pocos días un largo reportaje sobre el crecimiento de la industria del juego en las reservas indias y otras zonas deprimidas de Estados Unidos. Además de recordar el conjunto de actividades (prostitución, narcotráfico, blanqueo de capitales, mafias) que suelen acompañarla, afirmaba que según algunos estudios recientes, por cada dólar invertido en esa industria, crecía el gasto público en tres dólares.

Si dejan de lado la moral nadie podrá tomarse en serio su preocupación por los valores

Quizá nuestros políticos tienen buenas razones para desechar esos reparos, pero hasta ahora no hemos tenido ocasión de conocerlas, porque todo se lleva en el mayor secreto. Los madrileños y catalanes visitan Las Vegas y los hombres de Adelson y hasta el mismo magnate visitan Madrid, pero siempre con mucha reserva. Hasta el punto, se dice, que Adelson se encolerizó cuando en la prensa se traslució la noticia de una visita suya a Alcorcón.

Si el negocio fuera exclusivamente privado, nada habría que objetar. Pero en una democracia es inadmisible mantener en el secreto de los despachos un negocio de esta trascendencia, en el que es parte el Estado. Estado son, como se repite una y otra vez, “también las comunidades autónomas”, pero el negocio implica igualmente al Estado en el sentido más estrecho del término, a las Cortes Generales y al Gobierno. Por sus dimensiones, pero, sobre todo, por el significado que cabe atribuirle en la cacareada búsqueda de un nuevo modelo productivo.

En España es jurídicamente lícita la práctica de los juegos de azar y lícita también la de la prostitución, aunque esta se encuentra más bien en un limbo jurídico. Tenemos ya casinos de juego, bares de alterne, salas de masaje, puticlubs de carretera y prostitutas que ofrecen sus servicios en la calle e incluso se anuncian en los periódicos de información general; una publicidad que, como puede verse en el informe que el Consejo de Estado hizo sobre el tema, no suele encontrarse en la prensa de los países de nuestro entorno. Los municipios han percibido impuestos de estos establecimientos y las comunidades autónomas cobran, como impuesto transferido, el que grava los juegos de azar, pero nadie hasta ahora había considerado que estas actividades ocupasen un lugar mínimamente significativo en nuestro modelo productivo y, menos aún, se había confiado en ellas para salir de nuestros males.

Hasta que llegó Eurovegas. Tal vez quienes con tanto entusiasmo lo acogen lo hagan urgidos por la crisis y pensando que con ella no se altera el modelo productivo ya existente ni se condiciona ese indefinido “nuevo modelo productivo” de nuestro futuro. Creo que yerran tanto en lo uno como en lo otro. Según todas las muestras, Sheldon Adelson viene para quedarse y con su presencia entre nosotros, el turismo, que durante mucho tiempo seguirá siendo parte de nuestro modelo productivo, ya no ofrecerá sobre todo sol y playas, sino casinos y burdeles. Una opción perfectamente compatible con los recortes presupuestarios en investigación y desarrollo. Pero incompatible me parece con la moral pública. O más precisamente con el ideal público de la moral. Como decisión privada, puede comprenderse y perdonarse a quienes piensan, como Polly, la enternecedora prostituta de la Ópera de los tres peniques, que “lo primero es comer, la moral es para después”. Pero el Gobierno de España no debería guiarse por este cinismo resignado y pícaro. Nunca, pero menos aún en estos tiempos en los que por la codicia de muchos empresarios, la incapacidad de no pocos políticos y la mala cabeza de todos, nuestros gobernantes han pasado a ser capataces de unos poderes anónimos y difusos, pero implacables, que, según ellos dicen, continuamente les obligan a hacer lo que no les gusta.

Forzados a hacer todos ellos la misma política económica y social, habían intentado mantener sus diferencias ideológicas en el campo de los valores morales: por ejemplo, ampliando la libertad de la mujer gestante para abortar o, por el contrario, restringiéndola para protegerla así de la presión social que la induce al aborto. Si dejan de lado la moral a la hora de optar por el “nuevo modelo productivo”, nadie podrá nunca volver a tomarse en serio su preocupación por los valores.

Francisco Rubio Llorente es catedrático jubilado de la Universidad Complutense y director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset.