La amnistía fiscal también es ideología
Una amnistía fiscal tiene costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores
Paul Krugman en su habitual columna de EL PAÍS, del pasado domingo 3 de junio, terminaba diciendo: “La recuperación económica nunca ha sido el objetivo; la defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla”. Esto es lo que está sucediendo en España con una política económica del Gobierno que, a pesar de parecer improvisada y errática a las instituciones europeas y los mercados, es fría y calculada para beneficiar a los poderosos y laminar nuestro incipiente Estado de bienestar. La crisis, la reducción del gasto público, incrementar la recaudación, son las excusas perfectas para plantear recortes en educación, el copago en sanidad, para hacer más difícil el acceso a la universidad de los jóvenes o para plantear una amnistía fiscal. En definitiva, la crisis económica es, en parte, una coartada para implantar un programa ideológico conservador. Habrá que concluir con Krugman que la derecha, más que luchar contra la crisis, la usa como excusa para imponer cambios que en otro contexto serían inaplicables por el amplio rechazo social que generan.
La amnistía fiscal de manera directa supone la reducción de los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones, por la vía del perdón de los impuestos a los defraudarores. Ahora, con la nueva Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 31 de mayo, se va a permitir blanquear dinero negro, incluso con orígenes que pueden ser delictivos. El objetivo declarado del Gobierno es la recaudación, pero no debemos olvidar que el relato impositivo de los neoliberales, ese ha sido el de Montoro estos últimos años, es que bajando los impuestos a los más pudientes se incrementa el ahorro y las posibilidades de la inversión privada. Por el contrario, será la clase media con una alta propensión a consumir, haciendo un sobre esfuerzo, la que soporte el coste de los servicios públicos, ello irá en detrimento del consumo y de la reactivación económica.
Una amnistía fiscal tiene costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores. A cambio, básicamente recauda pero, por sí sola poco. El análisis económico la contempla como una medida excepcional que puede tener sentido sólo en un contexto de endurecimiento de los controles antifraude (Leonhard y Zeckhauser, 1987). Justo lo contrario de lo que sucede con el Gobierno del PP, cada nueva norma jurídica que aprueba el mencionado Gobierno hace más laxa la lucha contra el fraude. Otra referencia clásica en la literatura sobre las amnistías fiscales (Stella, 1991) dice que generalmente no consiguen aumentar la recaudación. Lo que sí consiguen es debilitar la confianza en el sistema fiscal.
Cada nueva norma jurídica que aprueba el PP hace más laxa la lucha contra el fraude
Desde luego, el Banco Mundial se muestra muy escéptico. El economista jefe de la OCDE Carlo Padoan ha dicho que “la lucha contra la evasión fiscal no debería ser frustrada con amnistías”. La OCDE alerta del riesgo de las mismas.
Pero hay que añadir que la amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012 ha sido improvisada, torpe y con fundadas dudas legales. En primer lugar, con serias dudas de constitucionalidad, por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución que expresamente prevé que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.
En segundo lugar, el Real Decreto no tiene el rango adecuado para dar cobertura a la amnistía penal, de tal manera que el Gobierno, según lo publicado en los medios de comunicación, ahora va a modificar el Código Penal. Asimismo, ante un comienzo torpe, tiene que completar el Real Decreto de amnistía inicial, aprovechando el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio. Y aprueba una Orden del Ministerio de Hacienda que se extralimita en el desarrollo del incompleto RDL 12/2012, extendiendo la excusa absolutoria al delito de blanqueo de capitales.
En definitiva, la amnistía fiscal del Gobierno de España, es injusta (con los que pagamos impuestos), ineficaz (porque no va a recaudar lo que pretende) e improvisada (por el penoso diseño técnico).
Pedro Saura García es portavoz de hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
