Gibraltar ha vuelto a convertirse en un problema para España. En parte por los desafíos de las autoridades del Peñón, y en parte por los errores diplomáticos españoles. El Gobierno británico tiene, casi desde el Tratado de Utrecht de 1713, una línea permanente: no solo no ceder en nada, sino ganar terreno político y físico, primero con la usurpación del istmo y ahora para asegurarse la soberanía de las aguas ribereñas que el acuerdo original nunca le concedió. Y no pierde ocasión de marcar su dominio, incluso utilizando para ello en repetidas ocasiones visitas de la familia real británica, la última, ayer, del príncipe Eduardo y su esposa con motivo de la inauguración de una nueva terraza del aeropuerto en el istmo.

Frente a esta línea, la posición española ha sido excesivamente cambiante. No es propio de una diplomacia seria que con cada relevo no ya de mayoría de Gobierno, sino casi de ministro de Exteriores, España tenga que inventar una nueva política hacia Gibraltar. Así no se gana ni eficacia ni credibilidad. En los tiempos democráticos, desde la Declaración de Bruselas de 1984 poco se ha avanzado. El ministro Piqué intentó la cosoberanía, Moratinos inventó el tripartito y García Margallo adoptó una adánica actitud inicial antes de regresar al sentido común al percatarse de los profundos lazos económicos que unen a España con Reino Unido.

España tiene que defender sus intereses en todos los ámbitos. En materia pesquera, el acoso por patrulleras del Peñón a pescadores de la bahía de Algeciras, protegidos por la Guardia Civil del Mar, debe cesar. Ha de evitar que se consolide el nuevo régimen fiscal de Gibraltar para empresas que evaden así impuestos que deberían pagar en España, lo que esta ha denunciado ante la UE. En cuanto a la recuperación de la soberanía, España no debe renunciar a nada, especialmente frente a unos gobernantes británicos que se regodean en la posesión de una colonia en el siglo XXI, como apoyan de forma desafiante hacia Argentina un referéndum en las Malvinas.

En esta situación quizá sirva de poco que el rey Juan Carlos visite el próximo miércoles las instalaciones de la Guardia Civil en Algeciras y su buque principal de vigilancia, el Río Segura. El Gobierno no debería desgastar así el capital político del Monarca. Antes debería estar clara cuál es la política de Estado hacia el Peñón.