La catástrofe de Bankia

La crisis de Bankia se ha convertido en la quiebra bancaria peor gestionada políticamente de la historia española. La nacionalización del grupo, la sustitución rápida de sus gestores y la aparición de un agujero que no deja de crecer (calculado hoy en más de 23.000 millones), junto con la elevada probabilidad de que esa aportación de capital se haga mediante deuda pública, ha llevado a la prima de riesgo por encima de los 510 puntos básicos, a las acciones de Bankia a perder el 26% en su regreso a la cotización y a una caída generalizada de los valores bancarios que preludian un agravamiento notable de la crisis económica y financiera. Los ciudadanos no entienden la catástrofe de Bankia, quizá porque nadie ha intentado explicársela; y lo que menos entienden es que, sin exigencia alguna de responsabilidades a los gestores, se inyecten 23.000 millones de dinero público en una entidad bancaria.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alarmado por la crítica situación del sistema financiero y el evidente riesgo de intervención que implica un diferencial de deuda de 510 puntos, compareció ayer para tranquilizar a los ciudadanos y a los mercados. No parece que lo consiguiera. Más bien al contrario, tras su intervención, la prima de riesgo, que había moderado su escalada, volvió a subir con fuerza y la Bolsa intensificó su caída. No es de extrañar, porque sus mensajes fueron genéricos y poco convincentes, prueba de que el Gobierno tiende peligrosamente hacia la resignación. Su interpretación de que el diferencial de deuda español no tiene “nada que ver” con las decisiones sobre Bankia contradice la evidencia y confirma que el equipo económico está subestimando las consecuencias de este episodio. Su afirmación tajante de que no habrá “rescate europeo de la banca española” no deja de ser una proclama enfática sin base.

El presidente debería explicar de dónde procederá el dinero público necesario para capitalizar Bankia y el resto de las entidades intervenidas. Dado que no hay dinero en el Frob, si se paga con deuda la solvencia del Reino de España da otro paso hacia la intervención. La solución óptima sería que el Fondo de Rescate Europeo inyectase directamente en los bancos el capital público requerido, pero hoy no es legal. Si Rajoy quería tranquilizar a los mercados, a los españoles y a Bruselas, que ve con estupefacción cómo cada día que pasa son más grandes el déficit y el agujero bancario, debería haber explicado cómo piensa negociar la entrada de capital europeo en los bancos españoles o, si no admite la intervención, cómo evitará que la deuda para pagar la crisis se convierta en otro clavo en el ataúd de la economía española.

Por supuesto que el BCE debe actuar con contundencia para evitar que se dispare el diferencial en España e Italia mientras se resuelven las crisis bancarias internas. Pero la gestión de los Gobiernos nacionales cuenta, y mucho. Y el de España pierde credibilidad a chorros, superado abrumadoramente por los acontecimientos. Sus recetas genéricas causan inquietud en los inversores, mientras los ciudadanos rechazan el silencio político sobre Bankia. Entienden, con razón, que deben explicarse en el Parlamento los gestores de Bankia, su Consejo de Administración, la Comunidad de Madrid, por su intervención en el Consejo, los reguladores (Economía y Banco de España), que se equivocaron con la estrategia de fusiones y de salida a Bolsa, y los auditores del grupo, que no se enteraron de que los beneficios eran pérdidas.

Hay que depurar esta cadena de responsabilidades. Solo así se demostrará que España, como asegura Rajoy, es un país serio y se podrá restaurar la confianza. Por eso es imprescindible la comisión de investigación en el Congreso. Sin descartar, claro, las acciones judiciales que estimen oportuno iniciar los accionistas.