El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró recientemente que España había hecho cuanto estaba en su mano para enfrentar la crisis económica, y que ahora era el turno de Europa. Lo es, sin duda, como también de las fuerzas políticas españolas, obligadas a transmitir un inequívoco mensaje de consenso para combatir el fatalismo provocado por la peor coyuntura económica de las últimas décadas. El mensaje de consenso debe dirigirse a los ciudadanos españoles, invitándoles a abandonar el miedo en favor de la determinación que exigen las situaciones críticas, y también a las instituciones y los socios europeos. Gran parte de la crisis española procede de la desconfianza de las instituciones europeas y de los mercados hacia la solvencia de la deuda española y su sistema financiero. Estas razones fundamentan la necesidad de un pacto político entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, con el fin de que los representantes de los ciudadanos defiendan con una sola voz los criterios básicos del ajuste económico y para repartir los costes políticos de la crisis.

El compromiso de la reducción del déficit, estatal y autonómico, debería formar parte principal de ese acuerdo entre las fuerzas políticas españolas, en el que las dos mayoritarias son indispensables pero del que no debería autoexcluirse ninguna. La reducción del déficit es la única respuesta de la que España dispone como país para hacer frente a un problema de financiación cuyas urgencias se miden por días o semanas. Es obligado que el pacto comprometa a los partidos a defender la disciplina fiscal, es decir, los objetivos de estabilidad fijados para las autonomías, sin excusas ni reticencias. Cada uno de los firmantes debe pagar el coste en apoyo ciudadano que se derive de dicho pacto.

El acuerdo no estaría completo si no se extendiera a la necesidad de rescatar el sistema financiero con recursos públicos, si es necesario. La aportación de dinero público es el procedimiento más eficaz para recuperar la solvencia de un banco, siempre y cuando el Estado tenga la opción de recuperarlo después. La quiebra de una entidad como Bankia pondría en peligro no solo el sistema financiero, cuestionado por Europa, sino que amenazaría cualquier opción de crecimiento económico a medio plazo.

Este pacto político parece hoy muy lejano. Juegan en contra factores como las actitudes despectivas del Gobierno hacia el PSOE, los problemas del Gobierno con los Gobiernos autónomos de Madrid o Valencia y el absurdo empecinamiento del PP en negarse a una investigación de la crisis de Bankia. Porque, para que un pacto político de esta importancia surta efecto resulta imperativo determinar de una vez cuál es el alcance real del déficit autónomico (algo que el Gobierno no ha podido cerrar hasta el momento) y explicar a los ciudadanos cómo se ha llegado al desastre de Bankia. Porque la ruina de la entidad madrileña no es culpa de terremotos o imponderables; tiene culpables y responsables.