Una Bankia pública

El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, propuso este miércoles que el Estado convierta los 4.465 millones aportados en 2010 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en acciones de la matriz del grupo, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Dicha conversión otorga al Estado el 100% de BFA (y automáticamente el 45% de Bankia) así como la responsabilidad total de la gestión. La nacionalización de Bankia, porque de eso se trata, debe tener lógicamente un carácter temporal. El objetivo no sería crear un banco público, sino corregir el preocupante deterioro patrimonial del grupo, manifestado pública y detalladamente por los auditores. Y, después de sanear y consolidar los balances bajo la estricta vigilancia pública, devolver la entidad a gestores privados, mediante el mecanismo que se considere más apropiado.

En términos estrictamente financieros, la operación es probablemente la única con sentido que podía organizarse en estos momentos. Bankia necesitaba urgentemente capital, lo cual descartaba cualquier ayuda articulada a través de préstamos. Y reclamaba además con cierta urgencia un cambio en la gestión y en el Consejo de Administración, porque el equipo anterior había agotado su crédito después de las operaciones de fusión y de salida a Bolsa, que son algunas de las causas de la complicada situación actual. Pero no las únicas. También se han producido graves errores políticos, los de los Gobiernos y el Banco de España que dieron rodeos con fusiones y provisiones crecientes que no han conseguido atajar la asfixia crediticia y los daños patrimoniales causados por los activos inmobiliarios tóxicos.

Las condiciones para que la entrada de capital público en Bankia sea aceptada por la opinión pública son que se explique con claridad su carácter temporal, que se garantice que la entidad será gestionada por un Consejo de Administración con mayoría pública y que, cuando los nuevos gestores hayan restaurado los balances de la entidad, el Estado tendrá la oportunidad de obtener plusvalías con la operación o, en el peor de los casos, minimizar las pérdidas. La nacionalización transitoria de Bankia no es un proceso muy diferente del que se ha aplicado en otros grupos financieros españoles. La diferencia fundamental está en el tamaño de la entidad: es una pieza sistémica, cuya quiebra arrastraría a buena parte del mercado financiero y provocaría graves daños a la economía del país. El volumen de Bankia dificulta además una venta o subasta rápida.

En teoría, la gestión pública de Bankia debería resolver las dudas de los mercados sobre la banca española; dudas que llevaron ayer el diferencial de deuda a los 454 puntos. Pero, a pesar de que la acción política sobre Bankia ha sido contundente, la impresión de los inversores es que el Gobierno carece de un plan articulado para sanear los balances bancarios y permitir el restablecimiento de la confianza y el crédito. Tampoco contribuye a la confianza el comportamiento de los reguladores, que permitieron que Bankia siguiera cotizando el lunes a pesar de que sus cuentas no contaban con la firma de los auditores.

Es vital comprender que la delicada situación de la banca española no solo está vinculada a los activos inmobiliarios depreciados. La recesión prolongada y el aumento del paro están disparando la morosidad. Activos bancarios que hoy se consideran solventes pueden depreciarse si la recesión se prolonga durante más de dos trimestres. Es esencial prevenir este riesgo elevando las provisiones bancarias por activos inmobiliarios que hoy son solventes.