Como sociólogo que es el ministro Wert, sabe bien que uno de los procesos de democratización que mejoraron la sociedad española (y no han sido tantos ni demasiado profundos, así que debemos cuidarlos especialmente), a lo largo del medio siglo último, fue el acceso de las capas populares a la enseñanza superior. Ahora el Gobierno del PP quiere revertir este proceso —sin haberlo llevado en su programa electoral—: el Real Decreto Ley aprobado el pasado 20 de abril, entre otras medidas destructivas de nuestras universidades, apunta a reservar la formación superior para los ricos. Su acción de gobierno ha traspasado ese límite tras el cual una sociedad no puede mirarse al espejo sin sentir vergüenza de sí misma.

Soy profesor titular de Universidad (y por cierto que uno de los “beneficiados” por su contrarreforma, si de descargarme del “peso de la docencia” se tratase: tengo tres sexenios de investigación consecutivos “vivos”). El injusto e insolidario cambio de las reglas de juego que su indecente RDL 14/2012 establece que nos impulsará, a mí y a otros muchos profesores, a modificar también nuestros criterios: por ejemplo, a la hora de evaluar a nuestros estudiantes. Sabiendo que un suspenso en la convocatoria “boloñesa” de junio/julio (su segundo examen en una asignatura, que daría lugar a una segunda matrícula) los penaliza tan gravemente como usted pretende (y no digamos ya en convocatorias posteriores), barrunto que a partir de ahora mis estudiantes van a tener siempre un buen rendimiento en esas convocatorias… Ante normas injustas e ilegítimas que destruyen el orden básico de convivencia, por más que se publiquen en el BOE, un ciudadano consciente tiene ante sí un camino arduo y excepcional, pero ineludible: la desobediencia civil.— Jorge Riechmann, profesor titular de Filosofía Moral, Universidad Autónoma de Madrid.