Deuda peligrosa

Nada define mejor la peligrosa situación financiera de las comunidades autónomas que la emisión a seis meses de 500 millones de la Comunidad de Valencia, forzada por vencimientos inmediatos, a un tipo de interés del 7%, un coste superior al que pagan países intervenidos como Grecia o Portugal. La deuda valenciana cotiza al nivel de bono basura y eso explica las penosas características de la emisión. La cuestión inmediata es por qué el Tesoro español permite una emisión de tales características, ya que, dada la práctica imposibilidad de devolución de la deuda contraída con inversores institucionales, degradará indirectamente la calidad crediticia del país.

La sensación de descoordinación se acentúa cuando se tiene en cuenta que la última emisión de deuda española se resolvió con relativa normalidad. Quizá era la oportunidad adecuada para que el Estado aportara dinero a Valencia a un coste inferior al 7% a cambio de un control estricto sobre las finanzas valencianas.

Si el Ministerio de Hacienda amenaza periódicamente con la intervención de alguna comunidad autónoma, Valencia es el candidato idóneo para iniciar la serie. Y, aunque no fuese necesaria una intervención en todos sus términos, sí que merece un control estricto de los ingresos (incluidos los financieros) y los gastos. El recurso a los llamados hispabonos, objeto en todo caso de debate, puede ser una solución a corto plazo. Pero el saqueo económico y financiero de la Comunidad Valenciana exige algo más que parches para salir de la situación angustiosa que viven los valencianos; pide también responsabilidades a los gestores políticos del desastre. Responsabilidades que, al menos, deberían sustanciarse en forma de conocimiento público y preciso de los desmanes cometidos en las arcas de la comunidad y en los balances de las entidades bancarias arruinadas.

El caso de Valencia es la respuesta más contundente a quienes se preguntan la causa de la desconfianza de los inversores sobre la economía española. Las invocaciones a la disciplina fiscal en las autonomías se multiplican sin que se procure remedio alguno para aumentar los ingresos e imponer recortes del gasto con sentido. La próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada para el 19 de mayo, será una oportunidad para aclarar ante los mercados hasta dónde llega la capacidad del Gobierno para imponer esa disciplina que tanto reclama.