DEFENSOR DEL LECTOR

¿Quién habla?

Los expertos a los que se pide una opinión deben ser identificados por su labor académica y también por la privada si el motivo de su intervención está relacionado con ella

Muchos expertos son destacados universitarios y, al mismo tiempo, asesoran o están vinculados a empresas u organizaciones. Cuando escriben en los medios o los periodistas acuden a ellos para analizar una determinada noticia, acostumbran a ser identificados en función de su faceta académica y raramente por sus vínculos privados. Citar estos últimos debe hacerse especialmente cuando el asunto que analizan tiene relación con el sector privado en el que también colaboran. Ello no ha de suponer dudas sobre la solvencia de sus argumentos. Se trata de conocer desde qué posición habla el experto. No hacerlo induce la sospecha sobre un ocultamiento de intereses que puede perjudicar la credibilidad del testimonio y alentar inmerecidas sombras sobre la honestidad intelectual de la tesis que sostienen. El documental Inside Job (2010) denuncia a varios académicos cuyas tesis apoyaron la desregulación de los mercados, tesis que presentaron enmascaradas en su condición académica y ocultando que sus informes estaban retribuidos por fondos de inversión, grupos de presión, etcétera.

Un lector, economista, que prefiere ser citado como Joaquín, considera que este diario incurre muy a menudo en una deficiente identificación de los articulistas. “La American Economic Association (AEA) es la asociación de economistas más prestigiosa del mundo. Entre otras actividades, la AEA publica una decena de revistas científicas sobre economía. Pues bien, esta insigne institución ha modificado recientemente su código de buenas prácticas”. Para publicar en sus revistas es necesario declarar qué instituciones financian de modo significativo la investigación (siempre que se hayan superado los 7.545 euros en los últimos tres años). “Se trata de evitar que se presente como ‘experto en X’ o ‘catedrático de Y’ a un científico que además está recibiendo financiación de empresas interesadas en el resultado de sus investigaciones”. A partir de ahora también figurará la institución que lo remunera. “La AEA hace además un llamamiento a la sociedad y muy en particular a los medios de comunicación para que sigan su ejemplo. Y en este sentido creo que EL PAÍS no debe permanecer sordo a las exigencias éticas de la comunidad científica (...). Les ruego que atiendan el llamamiento de la AEA e informen a sus lectores de los posibles conflictos de intereses de los investigadores que escogen”. La extensión de los currículos de muchos expertos (relacionados con la Universidad, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro) dificulta la elección de los datos que deben servir de presentación. Son relevantes cuando el tema de la intervención del experto y los objetivos de la organización a la que está vinculado coinciden.

La reflexión teórica no debe ser patrimonio exclusivo del mundo universitario. La relación entre Universidad, empresas y organizaciones sociales es una necesidad reconocida y provechosa a la hora de alimentar la agenda de la tarea investigadora y lo demuestra la propia asociación estadounidense. Creada en 1885, estuvo compuesta inicialmente por profesores, pero ha atraído un creciente número de miembros relacionados con los negocios, Administraciones públicas, grupos profesionales... Cualquier organización se sentirá más cómoda si puede presentar sus tesis sostenidas por una universidad; pero, sin excluir la figura de quien se dedica a hacer trajes a medida, el patrocinio académico no ha de ser forzosamente un factor contaminante.

Florentino Felgueroso es profesor de Economía de Oviedo y uno de los directores de una cátedra Fedea, la de Capital Humano y Empleo. Fedea es una fundación de investigación aplicada patrocinada por grandes bancos y empresas. El objetivo de las cátedras “es realizar contribuciones relevantes sobre cuestiones que resulten de interés para el conjunto de la sociedad española y para el patrono que las promueve”. Un patrocinio que la entidad publica. Felgueroso es uno de los expertos a los que acude frecuentemente el diario. Desde finales de enero, ha recabado su opinión al menos en nueve ocasiones. Cuando es el periodista quien solicita su criterio, aparece identificado de distintas formas, a veces únicamente como profesor universitario de Oviedo, a veces solo como investigador de Fedea. Cuando se trata de artículos propios, salvo en una ocasión y por razones no imputables al autor, reseña su doble condición. Le he preguntado sobre esta cuestión que, obviamente, no se circunscribe al universo de los economistas.

Krugman: “¿Trató Enron de comprar mi alma? Yo no la estaba vendiendo”

“El autor de un artículo, en el caso de que tenga una doble filiación, universitaria y privada, debe manifestarla si está relacionada con el asunto de su intervención. Y esta transparencia ha de ser aplicada a todos, también a quien es asesor gubernamental o consejero de una empresa pública por la cuota sindical, por citar dos casos. Lamentablemente, en España, ello introduce automáticamente una injusta sospecha sobre la honestidad intelectual, pero espero que una mejora de la cultura democrática permita superar la actual tendencia a la dualidad en el etiquetado: o eres de unos o eres de otros. Los investigadores de Fedea hemos sido tachados, con igual rotundidad, de nido de rojos y de think tank del PP. Curiosamente, en este país, publicar en medios de comunicación generalistas puede penalizar académicamente porque se cree erróneamente que quien divulga no investiga. Y ello supone un peligro porque dejaría este foro de debate en manos exclusivamente de tertulianos y políticos”.

Lluís Bassets, director adjunto responsable de Opinión, considera que “la identificación del autor, que normalmente se hace al pie del artículo, se incluye cuando se considera que es una información necesaria para el lector. Su objetivo original no tiene que ver con el conflicto de intereses que pueda plantear que alguien exprese opiniones como articulista sobre un asunto sobre el que está realizando tareas profesionales remuneradas o que le reportan algún tipo de beneficio. Evitar el conflicto de intereses o en su caso suministrar la información al lector sobre la identificación del autor es obligado no solo para los periodistas, sino también para los articulistas que proponen un texto para su publicación. El problema es que no siempre es posible, porque no siempre quien selecciona el texto para su publicación dispone de la información relevante sobre el autor. Sin descartar, ni mucho menos, que desde la redacción se incremente la vigilancia sobre los conflictos de intereses, la realidad es que la mejor solución es que sean los propios articulistas quienes se vayan acostumbrando a señalarlo en sus textos, cada vez que traten una cuestión en la que tienen alguna otra implicación profesional o de intereses. Hay que decir que las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, con la participación creciente de los lectores en la discusión sobre los artículos, aconseja a los autores hacer por iniciativa propia este desvelamiento para evitar el mal mayor de que sean los lectores quienes lo hagan en su lugar, a veces de forma crítica. La redacción debe evitar el conflicto de intereses o desvelarlo en su caso, pero deben ser sobre todo los autores quienes se responsabilicen de ello”.

La transparencia en este tema, a iniciativa del experto o del periodista, debe practicarse aun a costa de inmerecidos recelos. Y si no que se lo pregunten a Paul Krugman. En 1999 aceptó una asesoría de la empresa Enron que no ocultó. Aquel mismo año la abandonó al fichar como columnista de The New York Times, pero algunos colegas sostuvieron maliciosamente sospechas sobre su independencia. Krugman lo explicó claramente: “¿Trató Enron de comprar mi alma? Eso deben responderlo ellos. Lo que sé es que yo no la estaba vendiendo”.

 

 

 

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