EDITORIAL

Líneas rojas

El Gobierno toma el control de TVE y restringe la cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares

El Gobierno tomó ayer una batería de decisiones graves. Por un lado, recupera el control gubernamental del principal medio público de comunicación (RTVE); por otro, reduce los presupuestos de dos servicios esenciales (Sanidad y Educación), contraviniendo sus promesas electorales, argumentando —no sin razón— el necesario recorte del déficit público. Y cruza una línea roja que, de no corregirse, puede conllevar consecuencias no deseadas sobre la sanidad pública: no bastará ya el empadronamiento para recibir atención sanitaria, sino que se precisará tener también residencia fiscal. La expulsión del sistema de los inmigrantes en situación irregular puede así acabar creando bolsas de población sin control sanitario, algo sobre lo que advierten médicos y expertos. 

El déficit de RTVE ha sido incluso la coartada para cambiar las reglas del juego establecidas en 2006 y que dieron lugar, por vez primera, a una televisión pública más estatal que gubernamental por cuanto la elección de su presidente y su consejo requerían el voto de dos terceras partes del Congreso. Este sistema obligaba al PP y al PSOE a pactar los nombramientos. Cuando ha llegado al Gobierno, el PP, que durante los gobiernos de Aznar (1996-2004) demostró su escaso apego a la independencia informativa, ha puesto de manifiesto su resistencia a mantener tal sistema.

Reescribir una disposición transitoria de la ley para poder elegir al presidente por mayoría absoluta es una argucia difícilmente sostenible en la necesidad de desbloquear la situación, dados los recortes presupuestarios que debía acometer RTVE. Rajoy y Rubalcaba se habían dado de plazo hasta el verano y el consejo ya estaba tomando medidas para adecuar su presupuesto. Es inevitable sospechar de otras razones y apetencias, toda vez que el PP, y sobre todo sus barones regionales, han hecho campaña del supuesto maltrato que les deparaban los informativos de TVE. Esa disposición permitía solo por una vez, en 2006, elegir al presidente por mayoría absoluta transcurridos dos meses desde la primera votación parlamentaria. No esperar siquiera a dicho trámite para cambiar las reglas anula de facto la negociación con el PSOE, partido con el que aún ha de pactar otros recambios institucionales.

Contrasta con esta decisión la de abrir la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. Poseen audiencias en retroceso y no alcanzan la influencia política de TVE. Algunas son, además, grandes máquinas de perder dinero. De ahí que la medida gubernamental resulte razonable.

El balance de los recortes en sanidad y educación tiene un sabor amargo. Se han presentado como medidas de racionalidad en el gasto, pero el conjunto tiene más de reducción que de racionalización, aunque algunas son razonables, como la supresión de titulaciones universitarias sin suficientes alumnos. Pese a que Wert aseguró que “apenas” afectaría a la calidad, su simple enumeración indica lo contrario: menos profesores, más alumnos por clase, más carga lectiva, menos oferta en el bachillerato y un aplazamiento de la renovación de la FP. Las medidas afectan también a la equidad, pues en el caso del copago de los medicamentos hace recaer los ingresos adicionales sobre el colectivo más vulnerable: la tercera edad, que es también el que tiene menos ingresos. Y subir las tasas universitarias sin aumentar las becas supone también que los hijos de las familias con menos recursos tendrán más dificultades para cursar estudios universitarios.

Es un cambio de modelo. Hasta ahora, la mayor parte del coste de la educación superior o de los medicamentos se repartía entre todos, puesto que se financiaba mayoritariamente a través de sistema impositivo. El PP prefiere repercutirlo sobre quienes los usan: los enfermos y las familias de los estudiantes, además de dejar a los inmigrantes irregulares sin cobertura.

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