EDITORIAL

Expolio consumado

La expropiación del 51% de YPF abre un conflicto que tendrá graves consecuencias para Argentina

La decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el 51% del capital de YPF, sociedad participada mayoritariamente por Repsol, supone a todos los efectos una declaración de hostilidad económica que debería ser repudiada por las instituciones internacionales e impugnada en los tribunales. La certeza de la expropiación, con la que se ha amenazado durante meses con la intención de socavar la resistencia de Repsol y abaratar el precio de las acciones de YPF, va más allá de la ruptura circunstancial de la seguridad jurídica que se presupone en un país democrático; es una quiebra intencionada del acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Argentina en noviembre de 1991 y abre un periodo de grave incertidumbre para las empresas españolas en Argentina y para todos los inversores extranjeros.

La arbitrariedad de la decisión no radica en el ejercicio del derecho de un país a obtener la máxima rentabilidad de sus materias primas en beneficio de sus ciudadanos, sino en el procedimiento tortuoso con el que el Gobierno de Cristina Fernández ha llevado a Repsol YPF a una situación sin salidas racionales. Procedimiento que el Gobierno español no ha sabido contrarrestar con la presión diplomática adecuada. YPF ha cumplido escrupulosamente todos los términos financieros, económicos y laborales establecidos en sus contratos. No hay razones que justifiquen no ya la expropiación, sino ni siquiera la retirada de las concesiones. Si las autoridades argentinas están convencidas de que será de mayor utilidad para sus ciudadanos una gestión distinta de sus recursos energéticos, el camino adecuado es la negociación transparente con la concesionaria.

Declarar “sujeto a expropiación” el 51% del capital de YPF va más allá de la reivindicación de los recursos energéticos del país. El Gobierno argentino se apropia, sin precio ni estructura de capital aceptada después de la operación, del capital humano y financiero de una empresa, sin explicaciones y por decreto. Este es el hecho, equivalente a un expolio, que la comunidad internacional debe repudiar y sancionar con medidas proporcionales al daño cometido por el Gobierno argentino. La vía jurídica es la adecuada para Repsol, pero debe coordinarse con una negociación para salvar una participación holgada en YPF que minimice los efectos de la expropiación.

Los ciudadanos argentinos deben ser conscientes de que la expropiación de YPF no responde a la preservación de las reservas petroleras del país, sino a los efectos de una política errónea que ha conseguido hacer deficitaria la balanza energética del país. No es difícil pronosticar que la YPF dominada por la camarilla que gobierna Argentina perderá cualquier posibilidad de beneficio y se convertirá en otro instrumento estéril de subvenciones que acabará por dilapidar los recursos del país. La expropiación de YPF es una huida hacia adelante que sitúa a Argentina al margen de la comunidad económica internacional.

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