Ajuste de emergencia

Las líneas generales de los Presupuestos del Estado para este año desarrollan tres decisiones políticas importantes sobre las que el Gobierno pretende cumplir con el objetivo de reducir el déficit público desde el 8,5% del PIB declarado en 2011 hasta el 5,3% decidido por Bruselas, como parte del plan de estabilidad de las cuentas públicas que debe bajar dicho déficit al 3% en 2013. La primera decisión es un recorte del gasto de 27.300 millones, que se conseguirá, según el ministro de Hacienda, con ajustes radicales en los ministerios de casi el 17% y un recorte sin precedentes en la inversión pública. La segunda es un plan de amnistía fiscal, que equivale a perdonar a todo aquel que aflore capitales ocultos mediante un módico gravamen del 10%. Con esta medida se calcula que aparecerá dinero escondido por importe de unos 25.000 millones y, por tanto, el Estado ingresará este año unos 2.500 millones. La tercera disposición es una subida del impuesto sobre sociedades a las grandes empresas, a través de procedimientos variados, y una subida de la tributación del tabaco. Los tres pilares, dice el Gobierno, más otros ajustes menores y la congelación del salario de los funcionarios, serán suficientes para cumplir con el objetivo de déficit.

El problema del ajuste presupuestario debe encajarse en un contexto político para entender las dificultades de su ejecución. El Gobierno ha cometido un error al demorar la presentación de los Presupuestos, ya que obliga a concentrar el recorte en solo ocho meses. Y cometió otro error al intentar imponer ante la UE una reducción del déficit público al 5,8%. La mejor estrategia era demorar el cumplimiento de estabilidad del 3% hasta el año 2015. Estos dos errores pesarán sin duda sobre la credibilidad de las cuentas públicas.

Lo que se desprende de los recortes anunciados ayer, de la regularización fiscal y de las tibias subidas de impuestos es que ofrecen dudas sobre si serán suficientes para cumplir con el objetivo del 5,3%. La disminución del gasto público necesaria para cumplir con el objetivo se aproxima más a los 50.000 millones que a los 30.000. El efecto de la amnistía fiscal tampoco es seguro. No están claros los supuestos en los que se basa una afloración de dinero negro de 25.000 millones.

La “atracción de rentas”, como eufemísticamente define el Gobierno a la amnistía fiscal, es una medida de indudable efectividad recaudatoria, pero muy impopular, ya que castiga a los contribuyentes que no ocultan el dinero. Por otro lado, no hace sino constatar un fracaso: la incapacidad del fisco español para perseguir el fraude. Evidencia, además, la desesperación del Gobierno por cuadrar las cuentas. La decisión solo puede entenderse, por tanto, desde el obligado pragmatismo de un Ejecutivo obligado a tomar medidas que había rechazado abiertamente en campaña electoral o cuando estaba en la oposición. Sería deseable que el plan de lucha contra el fraude que Montoro anunció ayer sin más detalles fuera realmente efectivo.

Por todo lo dicho, lo más probable es que durante este mismo año el Gobierno se vea obligado a elevar de nuevo los impuestos. La estricta vigilancia europea deja pocos resquicios para contemporizar con las cuentas públicas. La fase recesiva aumenta las dificultades del ajuste. Aunque se aplique la previsión más optimista de elasticidad entre déficit y PIB, hay que suponer que cada 10.000 millones de ajuste equivalen a una décima de PIB. Con 27.000 millones drenados del sistema económico, el PIB descendería en unas tres décimas adicionales a la caída ya prevista del 1,7%. Con una contracción del PIB del 2% el cumplimiento del objetivo del 5,3% parece improbable. Hay estrategias para salir de la recesión. Todas ellas son arriesgadas y requieren un mensaje firme de subida de impuestos. Ninguna de ellas apareció ayer en el Consejo de Ministros.