Buenas intenciones

El proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo presentó el viernes es una esperanzadora declaración de intenciones que, sin embargo, adolece de una indefinición preocupante. El esbozo de lo que todavía no es siquiera un anteproyecto de ley exigirá a las administraciones y empresas públicas dar información cumplida de sus cuentas, incluidos contratos y subvenciones, obligará a estas a responder a las cuestiones planteadas por los ciudadanos en el plazo de un mes, establecerá un “baremo de retribuciones” para controlar los sueldos de los alcaldes y ediles y marcará duras sanciones para los gestores que incumplan sus obligaciones, en especial las relativas al manejo de los fondos públicos.

El proyecto se abre ahora a los ciudadanos para que durante dos semanas puedan opinar sobre el mismo. Se trata de un proyecto legislativo ampliamente demandado en España, el único gran país europeo que carece de una norma como esta. Sin embargo, solo el desarrollo legislativo posterior determinará si la ley que prepara el Gobierno de Rajoy se alinea con los del resto de Europa y Estados Unidos.

De momento cabe resaltar que el proyecto español nace con señales inquietantes. La primera de ellas es el énfasis puesto en la importancia de lanzar al exterior un mensaje nítido sobre la solvencia española a la hora de cumplir sus compromisos financieros. Para tal empeño no es necesaria una ley que exige una larga tramitación. Basta con que los gestores del PP, mayoría abrumadora en las administraciones españolas, actúen correctamente en el desempeño de sus obligaciones. Las duras sanciones anunciadas para determinadas conductas exigen ciertas modificaciones del código penal, pero muchas otras ya son perseguibles penalmente: lo único que se necesita es tener la voluntad de ponerles coto desde el poder.

No se establecen, que se sepa, los mecanismos para garantizar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. En el aire queda también si se terminará creando un organismo público independiente que vigile el cumplimiento de esas nuevas obligaciones o exija una simplificación en los trámites que deberá realizar el ciudadano para obtener la información requerida. Por lo demás, la razón para dejar fuera de la Ley de Transparencia a la Casa Real tampoco es convincente.

Son muchas lagunas en un proyecto que se percibe crucial para recuperar la credibilidad de la acción política y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se atrevió a culminar. Esta iniciativa de Mariano Rajoy es, con todo, un primer paso positivo que no debiera quedar en papel mojado durante las etapas que faltan para su culminación. Sería un flaco favor a la democracia española y un gesto muy negativo para el PP, un partido gravemente afectado por casos de corrupción y mal gobierno que ahora se pretenden atajar.