Rajoy ha de ser más prudente que Cameron

Poco después de las últimas elecciones británicas, Mariano Rajoy dijo a El PAÍS: “El plan de Cameron da confianza; yo haría algo similar en España”. De este modo seguía la efímera moda intelectual del momento, la de que algún modo de acelerada consolidación financiera restablecería la “confianza” y por lo tanto el crecimiento. Sin embargo, y afortunadamente para Mariano Rajoy, las elecciones españolas tuvieron lugar un año después que las nuestras; de manera que tuvo así la oportunidad de ver la realidad, en España y en el Reino Unido. Como ya señalé en estas mismas páginas el pasado verano, el plan de Cameron condujo a una caída de la confianza tanto empresarial como de los consumidores. De acuerdo con el plan alabado por Rajoy, el Reino Unido debería estar creciendo ahora cerca de un 3%. De hecho, el crecimiento ha sido negativo el último trimestre y la recuperación probablemente va a seguir siendo lenta.

Ahora Rajoy se enfrenta a un momento decisivo. Puede seguir el ejemplo del primer ministro Cameron y cortar agresivamente el gasto para “devolver la confianza a los mercados” y, en el caso de España, satisfacer así las económicamente analfabetas exigencias de la Comisión Europea. O puede proceder de un modo más prudente y centrar el esfuerzo principal de su política en lo que concierne al auténtico problema de España: cómo reducir el desempleo y restablecer el crecimiento.

Para entender por qué esto último es lo correcto es importante entender por qué España se encuentra en su situación actual. Los anteriores gobiernos españoles, de los dos partidos, incurrieron en dos grandes errores políticos. El primero fue el de permitir una masiva expansión del sector crediticio privado, financiada en gran parte por flujos de capital externo y encauzada hacia el fomento de una burbuja inmobiliaria. Y el segundo fue el de permitir el afianzamiento de un mercado laboral dual, donde los derechos al empleo de “los que ya están” —de más edad, mejor pagados y con mayor probabilidad de pertenecer a sindicatos— son demasiado generosos, en tanto que “los que aspiran a quedarse” —más jóvenes, más pobres y con más probabilidad de ser mujeres y de ser de origen inmigrante— pueden ser contratados y despedidos a voluntad. La interacción de ambos errores condujo a un fuerte aumento del crecimiento —impulsado en gran parte por la construcción— y del empleo, representado mayoritariamente por trabajadores con contratos temporales, pero sin el necesario aumento de la productividad.

Reducir los privilegios de los trabajadores asentados exige compensar con más derechos a los temporales

Con el impacto de la crisis financiera esta aparente sinergia se convirtió en una espiral descendente. Mientras caían los precios de la vivienda y se desinflaba la burbuja del crédito, el sector privado pasó bruscamente del préstamo al ahorro. La construcción se detuvo en seco, cayó la demanda de los consumidores y las empresas despidieron a la gente que podían despedir con facilidad: a los jóvenes con contratos temporales. Conocemos los resultados: una profunda recesión y un 50% de desempleo entre los jóvenes.

¿Qué papel desempeñó la irresponsabilidad financiera en todo ello? Casi ninguno, porque, a pesar de los serios errores políticos que se acaban de mencionar, la política económica española fue por lo general prudente; en 2007, en vísperas de la crisis, el Fondo Monetario Internacional estimaba que España contaba con un sustancial superávit estructural. Como ha señalado Martin Wolf en el Financial Times, las dificultades financieras de España son una consecuencia de la crisis, no una causa; el déficit es simplemente la imagen en el espejo del giro sufrido por el sector privado al pasar del préstamo al ahorro.

En tales condiciones, como ya es sabido desde los años 30 del siglo pasado, atajar el déficit demasiado deprisa sencillamente empeora las cosas. Reduce aún más la demanda; el sector privado, bastante racionalmente, responde invirtiendo menos y reduciendo la producción y el empleo, ya que la demanda cae. Esa es la espiral viciosa que aflige ya a Grecia.

La economía española es aún bastante sólida a largo plazo, con bajos niveles de deuda. Puede avanzar más despacio

Así que ¿qué tiene que hacer Rajoy? En primer lugar, su decisión de rechazar el objetivo de déficit anual propuesto por la Comisión es absolutamente correcto. El objetivo propuesto por la Comisión, que hubiera supuesto reducir el déficit en un 4% del PIB, era absurdo. La Comisión, en especial el comisario Rehn y el presidente de la Eurozona Juncker, ha equivocado cualquier decisión importante en política económica de los últimos dos años. Su determinación por centrarse en la austeridad frente a la recesión ha convertido una mala situación en otra mucho peor. Es vergonzoso que ahora exijan al gobierno español que excave para su país un agujero más profundo.

Hace dos semanas, el señor Juncker dijo: “Estoy preocupado por el alto nivel de desempleo y por la creciente pobreza en España… pero esta noche hemos acordado que España cumplirá con su objetivo”. Es la misma persona que tan solo hace un año era “muy optimista” acerca del plan de austeridad griego y “no tenía razones para dudar” sobre la capacidad de Grecia para pagar sus deudas. Como parece ser que dijo Einstein “la insensatez repite una y otra vez las mismas cosas esperando obtener resultados diferentes”.

Si España se atiene a los irreales planes del señor Juncker el resultado será más desempleo, más pobreza y finalmente —como en Grecia— tampoco se alcanzarán los objetivos de déficit, al hundirse la economía aún más en la recesión. Rajoy debería mantenerse firme y de hecho dispone de un sólido argumento para seguir aminorando el ritmo de la austeridad, para ceder espacio a medidas que supongan un estímulo al crecimiento.

En cambio, Rajoy debería concentrarse en los problemas fundamentales de España, en particular el de la disfuncionalidad del mercado laboral. En esto tiene toda la razón en ser radical. Pero ello no debe significar una nivelación a la baja. Los privilegios de los trabajadores asentados tendrán que reducirse, y tendrá que poder ser más fácil despedirles; pero eso tiene que complementarse con mayores derechos para quienes tienen trabajos temporales. Además de ello, las políticas de actuación en el mercado laboral podrían ayudar al acceso de los jóvenes al trabajo. El ejemplo de los países escandinavos e incluso del Reino Unido demuestra que un mercado laboral flexible y un fuerte crecimiento de la productividad pueden ir de la mano con una digna, y sobre todo equitativa, protección del empleo. En este ámbito el radicalismo puede pagar dividendos: España tiene una fuerza de trabajo bien preparada y cuenta con cantidad de empresas sólidas.

Naturalmente el riesgo reside en que hacer más flexible el mercado laboral en tiempo de recesión llevará a una mayor pérdida de puestos de trabajo. Sin duda este constituye uno de los argumentos clave detrás de la huelga general contra la reforma del mercado de trabajo que tuvo lugar ayer Jueves en toda España. Pero esa no es una buena razón para demorar la reforma, simplemente refuerza la exigencia de resistencia a una austeridad excesiva. La situación económica de España a largo plazo es aún bastante sólida, con niveles de deuda relativamente bajos; podría permitirse avanzar considerablemente más despacio. Una política macroeconómica prudente combinada con una auténtica reforma podrá generar un fuerte aumento del empleo, especialmente entre los jóvenes, mejorando a su vez la situación tanto financiera como económica y social.

A nivel europeo, Rajoy debería respaldar a los primeros ministros Monti y Cameron, que afirman que la austeridad por sí sola no es suficiente para restablecer el crecimiento. Como dijo Cameron en Davos: “Se trata de un problema de déficits comerciales no de déficits presupuestarios… Como ha sugerido Mario Monti, la otra cara de la austeridad en los países con déficit tiene que ser la acción que ponga el peso de los países con superávit detrás del euro”. El verano pasado sostuve que “un plan de consolidación fiscal demasiado agresivo podría satisfacer los instintos machistas de algunos políticos, pero podría no ser ni prudente ni realizable tanto en términos políticos como económicos”. Principios de este mes, Mariano Rajoy dijo: “Ahora más que nunca es imprescindible que nos distanciemos de propuestas ilusorias, que operemos con datos realistas, y que pongamos en práctica políticas de acuerdo con ellos”. Tiene razón.

Jonathan Portes es director y Ana Rincón-Aznar es investigadora senior del Instituto Nacional para la Investigación Económica y Social (NIESR) del Reino Unido.

Traducción de Juan Ramón Azaola.