Horizonte de huelga

Los sindicatos salieron ayer a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la reforma laboral. La cita pretendía servir para que el Gobierno aceptase negociar algunos de sus puntos más controvertidos y, también para calibrar la fuerza de las centrales ante la huelga general del 29 de marzo. Con estas movilizaciones, los sindicatos tomaban la iniciativa tras varias semanas sometidos a una campaña de deslegitimación por parte de representantes del Partido Popular y de algunos miembros del Ejecutivo. Han querido hacerlo de una forma gradual, que desmintiera cualquier acusación de radicalismo y dejara abierta la posibilidad de negociar.

Los duros ajustes que aguardan a España deberían contar con el máximo respaldo de todos los sectores afectados, y el de los trabajadores es sin duda el que acabará siéndolo más. El Gobierno se niega a revisar sus decisiones como una expresión de firmeza ante la crisis, pero también corre el riesgo de que esa actitud sea percibida como prueba de cómo concibe el ejercicio del poder en momentos de dificultad. La tentación de instrumentalizar el miedo al futuro para llevar a cabo un programa económico que el PP ya defendía antes de la crisis es un ejercicio arriesgado, que puede acabar pasando factura al conjunto del país. Como cualquier Gobierno en democracia, el que dirige Mariano Rajoy no es solo responsable de aplicar las medidas necesarias, sino también de hacerlo dentro del mayor clima posible de paz social. Lo contrario sería tanto como negar el valor de la política y asignar un papel invariable a cada institución, ya sea pública o de la sociedad civil.

Con independencia de que las manifestaciones de ayer constituyan o no un indicador adecuado para calibrar el eventual resultado de la huelga general que asoma en el horizonte, lo cierto es que los sindicatos se juegan en el paro del 29 de marzo su capacidad de influir en la suerte de los trabajadores mientras dure la crisis. Sus dirigentes lo saben, y están intentando por ello encontrar un delicado equilibrio para no quedarse cortos al canalizar el creciente malestar social pero tampoco excederse en los niveles de exigencia al Ejecutivo, arriesgándose al aislamiento. El margen es estrecho, sobre todo cuando pesa en la mayoría de los ciudadanos el miedo a perder el empleo y las encuestas muestran escasa predisposición a la huelga general.

No parece probable que el duro ajuste que, según los indicios adelantados por el Gobierno, contemplarán los próximos presupuestos generales se pueda llevar a cabo sin tensiones. Será necesaria mucha habilidad política para conseguir reconducirlas a la vía de la negociación, buscando un reparto equitativo de los sacrificios. Para eso es necesario que los sindicatos cumplan irreprochablemente su función. Pero también es necesario que lo haga el Ejecutivo, desterrando la idea de que es preferible gobernar sin sindicatos, o con unos sindicatos derrotados, que con ellos.