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Archivado el 'caso Salmón', que imputaba por cohecho al presidente del PP canario

El alto tribunal de Canarias ha considerado que los hechos denunciados no son constitutivos de delito

Las Palmas de Gran Canaria

La magistrada instructora del llamado caso Salmón, Margarita Varona, ha archivado hoy la denuncia presentada contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

En un auto difundido por el alto tribunal canario, Varona decreta el sobreseimiento de las diligencias previas y el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados, primero por el periodista Carlos Sosa y después en una querella por la Asociación Justicia y Sociedad, no son constitutivos de delito.

No hubo soborno

En sus fundamentos, la magistrada señala que no puede considerarse como un soborno la aceptación por parte de Soria de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega, e indica que tampoco queda acreditado el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos imputado al diputado regional y secretario general del PP, Manuel Fernández.

Según el auto, la invitación a Soria no fue premeditada, sino surgió a iniciativa del músico Justus Franz para que los matrimonios Lyng y Soria fueran a un concierto que iba a dirigir en Salzsburgo en agosto de 2005. La magistrada subraya que el empresario no puso a disposición del político su avión ni lo fletó para el uso exclusivo del matrimonio Soria, sino que les invitó a que les acompañaran porque iba a ir también al concierto. Señala que, excepto los gastos del avión alquilado por Lyng en el que viajó el matrimonio Soria hasta Austria, los vuelos que efectuó el político con su mujer entre ese país, Noruega y Gran Canaria, fueron abonados con cargo a las cuentas del político y su esposa.

Soria pagó por sus vacaciones

Igualmente indica que las vacaciones de verano comprendidas entre los años 2002 y 2008 de la familia Soria en el complejo Anfi del Mar, propiedad de Lyng, también fueron abonadas con el precio que fija la empresa a los clientes con "buenas referencias y solvencia económica". El director general de Anfi del Mar hasta 2007 Calvin Lucock declaró en la instrucción que Soria "nunca estuvo alojado gratis" en el complejo, y en lo relativo a los pagos que hizo en efectivo en el complejo, el auto aclara que el matrimonio posee solvencia económica suficiente para pagar sus vacaciones de esa manera debido a los ingresos que percibe en metálico por su actividad profesional, lo "cual no es ilícito".

Respecto a la relación de este viaje con el posterior informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiedad del empresario, señala que Soria no estuvo presente en el Consejo de Gobierno de la corporación insular, celebrado el 20 de octubre de 2005.

En esa reunión se acordó trasladar al Gobierno canario la petición del Grupo Anfi para que el proyecto se declarara de interés general, única excepción que permite la moratoria turística para edificar este tipo de complejo. El informe del anteproyecto turístico era de interés general para la isla, según los informes elaborados por los técnicos del Cabildo competentes en la materia, refiere el auto, que agrega que Soria "tampoco hizo gestión alguna" ante ellos ni se interesó en modo alguno por la tramitación del expediente.

Por ello, concluye que la aceptación de la invitación por parte de Soria "no tiene el alcance jurídico penal que se pretende en la denuncia y en la querella interpuesta". Se acredita únicamente que dicha invitación "es sólo un acto de decisión unilateral de Lyng acorde a su capacidad económica" y a la relación de amistad que tenían ambos matrimonios.

Negociaciones lícitas

En cuanto al dirigente del PP Manuel Fernández, a quien Justicia y Sociedad en su querella imputaba un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tampoco advierte que se haya producido. Aclara que Fernández había solicitado compatibilizar el desempeño de su cargo de diputado con el de representantes y asesor de varias empresas, entre ellas el Grupo Anfi.

En cualquier caso, en cumplimiento de la cláusula ética de su contrato de asistencia y consultoría, el diputado tampoco asistió a la sesión de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de la que era miembro, cuando dictaminó sobre la declaración de interés general del proyecto turístico de Lyng, y no participó en el pleno del Parlamento donde se votó.

A juicio de la magistrada, el solo hecho de pertenecer a la citada comisión "no determina la comisión del delito de negociaciones prohibidas que se le imputa". Así, concluye que "no se ha acreditado actividad alguna desempeñada por Fernández que haya comprometido su función de diputado o haya vulnerado la compatibilidad concedida".