Miguel Borra (CSI-F): “Los funcionarios tienen que empezar a recuperar lo perdido durante la crisis”

Miguel Borra, presidente de CSI-F, el sindicato mayoritario en la Administración Central del Estado, es uno de los firmantes del pacto contra la temporalidad en el empleo público. Un acuerdo entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos (CSI-F, UGT y CC OO) que conducirá a la convocatoria de más de 250.000 plazas de empleo público en los tres próximos años.

Pregunta. ¿En qué consiste el plan contra la temporalidad?

Respuesta. Es un acuerdo histórico. Consiste en que aquellas plazas que estén ocupadas de manera temporal durante más de tres años, puedan salir a concurso en una oferta pública de empleo, que no creará empleo neto. Y en la que podrán valorar los servicios prestados.

P. Un interino cuya plaza sale a concurso y no la saca, ¿se queda sin trabajo?

R. En ese caso, la plaza la sacará otro. No es empleo neto porque las 250.000 plazas son plazas que existen y lo que queremos es dar más estabilidad y calidad a ese empleo. Durante mucho tiempo peleamos para que no se perdieran plazas en la crisis, ahora hemos conseguido que en los próximos tres años 250.000 personas puedan ser fijas. Y garantiza que cuando vuelvan a venir mal dadas no podrán ser despedidas.

P. ¿Son suficientes esas 250.000 plazas?

R. No son suficientes, pero es un cambio de tendencia. En un modelo de gran inestabilidad política, para nosotros ha sido un primer paso muy importante. Ya estamos trabajando en los Presupuestos de 2018. Estamos trabajando para conseguir la tasa de reposición del 100% para más colectivos y para que todos aquellos sectores que tengan una tasa de interinidad superior al 8% entren en este proceso de estabilización. Nos falta la educación universitaria, la administración local y la autonómica.

P. ¿Cómo se va a organizar la convocatoria de 250.000 plazas?

R. El pasado martes ya tuvimos una reunión con la secretaria de Estado para poner en marcha las comisiones para hacerlo. Queremos que las ofertas salgan rápido, sean ágiles y que haya coordinación entre las comunidades autónomas.

P. Parece que en el sector privado el departamento de recursos humanos es más importante que en el sector público.

R. Sí. Si fuera directivo de una empresa donde más del 50% de los trabajadores tienen más de 50 años, hay un 10% con más de 60 años y sobre 250.000 trabajadores solo hay 1.088 jóvenes menores de 30 años estaría preocupadísimo. Eso es la Administración General del Estado. No se están tomando las medidas adecuadas. Los gobernantes se han acostumbrado a que al final el trabajo sale. A que al final el que va a urgencias es atendido aunque tenga que esperar. Hemos salvado esta etapa de crisis por la profesionalidad de muchísimos empleados públicos. Pero hay que hacer planes de recursos humanos en cada administración. Es verdad que hay más de 8000 ayuntamientos pero también hay 8.000 dirigentes políticos en esas administraciones que tendrán que poner eso (un plan de recursos humanos) en marcha. Estamos en un tipo de organización que nuestra demanda no disminuye cuando hay crisis.

P. ¿Cuál es el número de empleados públicos que debe tener España?

R. Dar una cifra global es complejísimo. Requiere tener planes de reordenación de recursos humanos en todas las administraciones. En CSI-F tenemos una frase que resume nuestra posición “ni un empleado público más de los necesario pero ni uno menos de lo preciso para dar el servicio público de calidad”.

P. ¿Debería haber un plan de movilidad geográfica?

R. Sí. Sin duda. Es más fácil venirte de Bruselas a Madrid que moverte de Alcalá de Henares a Guadalajara. Abogamos por esa movilidad pero también por la movilidad entre administraciones. Si hay auxiliares administrativos en una comunidad autónoma que en un momento dado su trabajo es más necesario en un Ayuntamiento, por qué no podemos establecer movilidad interadministrativa entre distintos cuerpos. Si de repente a un Ayuntamiento le falta policía local, porque no podemos mover agentes de otros ámbitos.

P. Y complementos salariales que tuvieran en cuenta la diferencia de coste de la vida entre territorios.

R. Ya existen pequeños complementos, pero son insuficientes. Tenemos muchos problemas para las plazas de policía o justicia en Ibiza [por los altos alquileres]. Hemos conseguido que no se sancione al interino que no quiera ir. El complemento de insularidad y otros para grandes ciudades donde el nivel de vida es más alto tendría que ser más adecuado.

P. Cómo es posible que no haya un registro preciso de convocatorias a nivel nacional.

R. Las distintas administraciones dicen que las publican en sus boletines. Pero sería conveniente para todos los ciudadanos, sobre todo en la época en la que estamos, con los medios tecnológicos que tenemos lo suyo sería que hubiera un registro centralizado. Cuanto más transparente y al alcance de los ciudadanos mejor.

P. El Gobierno subirá este año un 1% el sueldo a los funcionarios.

R. No es suficiente. Calculamos que la pérdida de capacidad adquisitiva en la crisis ha rondado el 25%.

P. A partir del 2018, España sale de la tutela de Bruselas. ¿Esperan más subidas?

R. Las declaraciones del ministro en sede parlamentaria nos hacen pensar que la subida salarial de 2018 puede ser mayor. Pedimos un acuerdo de legislatura. No queremos perder más poder adquisitivo y empezar a recuperar lo perdido desde 2010. Estamos dispuestos a negociar, vincularlo a determinados índices correctores, al tema del déficit o a la productividad. Este año volvemos a perder poder adquisitivo y eso que teóricamente ya estamos en recuperación.

P. En 2007 se firmó el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y se incluyó la evaluación del desempeño. ¿Quedó en el olvido?

R. El ministro Jordi Sevilla (PSOE) fue cesado poco después de firmar el EBEP. Y desde entonces no se ha avanzado absolutamente nada en temas de evaluación de desempeño, de carrera profesional. Esta es una de las demandas principales de los empleados públicos. No puede ser que un empleado público entre en un puesto de trabajo cuando tenía 25 años y se jubile con 65 años con muy poquitas opciones de promoción.

P. ¿Es posible recuperar las 35 horas?

R. Ya hay comunidades autónomas que ya las han aprobado en el Parlamento, como Andalucía, Extremadura o Castilla y León, donde la consejera del PP ha enviado una carta al ministro pidiendo las 35 horas. Creemos que tiene que haber capacidad de negociación en cada uno de los ámbitos. Si hay un Ayuntamiento o Comunidad autónoma que puede asumirlo, déjele asumirlo. La inversión en las 35 horqas va a redundar en la calidad de servicios que reciben los ciudadanos, en la creación de empleo de calidad. Creemos que se pueden conseguir las 35 horas. Está calculado el coste, la secretaria de Estado dijo en el Congreso que estaba entre los 800 y los 1.200 millones.