Barreras comerciales invisibles para la comida española

Los sectores agrario y alimentario, con unas ventas en el exterior en 2016 de unos 46.000 millones de euros, se han constituido en los últimos años en uno de los principales exportadores del conjunto de la actividad económica. En el caso concreto de la industria alimentaria, en 2015 superó por primera vez los 26.000 millones de euros en sus ventas internacionales, con un crecimiento anual de dos dígitos, porcentajes muy superiores a los de otros países rivales del entorno. Ello ha permitido a España convertirse en el cuarto país exportador de productos alimentarios en la Unión Europea, al nivel de Italia y solamente por detrás de Holanda, Alemania y Francia.

En este comportamiento del sector han jugado un papel importante el volumen y la calidad de las producciones agrarias; la imagen positiva del turismo y de la gastronomía española en el mundo; las campañas de promoción y la capacidad de innovación de una industria con un gran relevo generacional. Sobre unas 30.000 empresas, la mayoría familiares, casi 17.000 han hecho alguna venta en el extranjero.

Según esos datos, se podría pensar que los productos agroalimentarios españoles lo tienen fácil para entrar en todos los mercados. Sin embargo, fuera de la UE, el sector se enfrenta a diario a todo tipo de barreras añadidas que aplican diferentes países, entre los grandes mercados como EE UU, China, Japón o Sudáfrica, al margen de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Rusia mantiene su cierre con la UE por razones políticas.

Las barreras se levantan en muchos casos con el argumento de la seguridad alimentaria, en otros en defensa de sus cultivos ante posibles plagas; y también a través de lentos procesos burocráticos, controles o análisis en puerto sin fecha de ejecución, con el consecuente deterioro de la mercancía. Todo esto provoca que muchos productores renuncien a operar en algunos mercados. “En EE UU, con los nuevos sistemas de control en puerto, prácticamente se te quitan las ganas de exportar un producto perecedero por la posibilidad de que se deteriore a la espera de los análisis de los contenedores, además del gasto que eso supone”, señala el director de la consultora Ibertrade, Antonio Luis Pérez.

Todas estas trabas suponen un duro trabajo para la entrada a cada país y por cada producto en un escenario político donde, aunque los acuerdos y protocolos los marcan las autoridades comunitarias, es igualmente importante el papel de cada Gobierno para facilitar el comercio. En el caso de España, el sector agroalimentario coincide en la necesidad de mejorar la coordinación entre Agricultura, Sanidad y Comercio, e incluso unificar las competencias en un solo organismo. Agricultura intentó recientemente avanzar en esa dirección y se topó con la oposición de los técnicos comerciales. El sector reclama igualmente a Bruselas que a las importaciones de terceros países se les exija el mismo celo en materia de calidad y seguridad alimentaria.

El sector hortofrutícola, uno de los buques insignia de las ventas españolas en el exterior con un volumen en el último año de 12,3 millones de toneladas por valor de 12.700 millones de euros, vende el 90% de lo que produce dentro de la UE. Esta es la razón por la que el sector reclama acuerdos para la apertura de nuevos mercados y, sobre todo, para evitar las trabas a la importación, aun cuando se aporten los certificados sanitarios en vigor y ya pactados. Porque, aparte de los acuerdos que suscribe la UE, cada país debe firmar el correspondiente protocolo, que puede prolongarse hasta 10 años. Con China, por ejemplo, el protocolo solo contempla la apertura de su mercado para el melocotón y la ciruela. Con Sudáfrica existe solo para frutas de hueso y uva de mesa y con Japón se negocia para el caqui y el tomate. Para el director de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), José María Pozancos, las largas negociaciones de los protocolos de entrada con cada país son simples tácticas proteccionistas.

Aceite, carne y vino

En el aceite de oliva, España es líder mundial con una exportación media de casi 900.000 toneladas por valor de unos 3.700 millones de euros. De ese volumen, 400.000 toneladas se venden a otros países comunitarios y el resto se comercializa en un centenar de países, donde destacan EE UU, China, Japón y Australia. En el sector aceitero, las principales dificultades vienen por la existencia de una normativa de calidad aprobada por el Consejo Oleícola Internacional y asumida por todos los grandes productores, pero no por los consumidores como EE UU, que defiende que un aceite se valore por su frescura para apoyar las cosechas propias, y no por sus otras cualidades.

No es menor el calvario del sector de las carnes frescas y de los productos derivados, con ventas de unos dos millones de toneladas por valor de 5.000 millones de euros, de los que más de un 30% son de terceros países. Los principales obstáculos radican en los grandes compradores como Estados Unidos, China o Japón, además de otros como México. En todos los casos, los problemas radican en las duras exigencias de cada uno de esos países con los mataderos españoles para figurar en la lista de exportadores autorizados. Hoy solo 21 empresas pueden exportar carne y embutidos a China y 23 a Estados Unidos.

En cuanto al vino, con ventas externas valoradas en 2.700 millones de euros y de las que el 30% se destina a terceros países, las principales barreras son las normas muy estrictas, más allá de las exigidas por la Oficina Internacional del Vino sobre residuos y aditivos. Aquí destacan las duras barreras de países como Brasil, India, México, China y Japón.