El FMI pide a España que controle más la búsqueda de empleo para dar la prestación

El Fondo Monetario Internacional pide en su último informe sobre España que se imponga un mayor control a los beneficiarios de ayudas por desempleo. En su análisis realizado con motivo de la revisión anual de la economía española, la institución sita en Washington insta al Gobierno a no deshacer la reforma laboral de 2012 y recomienda reforzar los vínculos entre las prestaciones y las políticas de empleo: “Por ejemplo, reforzando estrictamente la exigencia de una verificación de la búsqueda activa de empleo y la participación en programas de activación para recibir un subsidio de paro”.

En este mismo sentido, el Fondo habla de “alinear los incentivos” de las comunidades y la Administración central. Es decir, las comunidades son las encargadas de controlar a los parados, pero no tienen ningún incentivo para vigilarlos porque no se gasta su dinero. En cambio, la Administración central pone los fondos, pero no puede supervisar a los parados. Y esa separación impide el correcto funcionamiento del sistema.

En el ámbito laboral, el Fondo anima a seguir con las reformas para atajar el grave problema de desempleo. En concreto, a fin de acabar con la dualidad del mercado de trabajo entre fijos y temporales, reclama otra vez hacer más atractiva la contratación indefinida, reduciendo las diferencias de costes con los temporales. Para ello, sugiere la puesta en marcha del contrato único con indemnización creciente o la introducción de la mochila austriaca, que permite llevarse las indemnizaciones de un empleo a otro.

Fiel a su recetario habitual, critica además que la negociación colectiva no se haya extendido más al nivel de la empresa; recomienda aclarar los requisitos formales para los despidos colectivos; pide personalizar más las políticas de empleo para ajustarlas a los más necesitados concentrando solo en esos colectivos las ayudas a la contratación; apuesta por más colaboración con las agencias privadas para recolocar parados; y exige reducir el abandono escolar y “hacer más efectivo el uso de la garantía juvenil”, una iniciativa que cuenta con fondos europeos y que, en principio, promete una experiencia laboral o formativa a todos los jóvenes que se apunten.

El FMI pone también el foco en la imperiosa necesidad de bajar el déficit público. Aunque reconoce que el objetivo exigido para 2017 es factible, censura que el Gobierno no tenga una estrategia para reconducir las cuentas públicas a medio y largo plazo. De no tomarse en serio, el Fondo sostiene que, por ejemplo, bastarían dos años de recesión para que la deuda supere el 110% del PIB. De nuevo, dado que dos tercios del ajuste se han conseguido con recortes, el Fondo defiende que se baje el déficit consiguiendo más ingresos. Y cree que la mejor forma de hacerlo es subiendo los tipos reducidos del IVA y los impuestos medioambientales. En España, sólo el 60% de la cesta de la compra paga IVA comparado con el 70% en Francia y el 80% en Alemania, subraya el documento.

A la hora de valorar las finanzas públicas españolas, el Fondo critica con especial énfasis a las Comunidades Autónomas, que a su juicio no han demostrado capacidad de cumplimiento y pide, por tanto, un mayor control de sus finanzas. Considera que se debería eliminar el Fondo de Liquidez Autonómico porque suprime la disciplina de mercado, y propone que, por un tiempo, pueda haber objetivos de déficit distintos por regiones para facilitar el proceso de ajuste presupuestario.

“Sin reformas valientes el sistema de financiación regional continuará siendo un riesgo para el cumplimiento de los objetivos de déficit”, asegura el organismo internacional en su estudio. En su opinión, los periodos electorales han puesto de manifiesto que la ley de estabilidad presupuestaria no controla bien a las comunidades. “El cumplimiento de las reglas ha sido hasta ahora débil y desigual con una imposición de la ley limitada”, remacha.

Por eso, el Fondo establece dos vías para apuntalar el sistema. Por un lado, robustecer el marco disciplinario aumentando la fiscalización y la condicionalidad para las regiones que no cumplan. La idea consiste en que se emprendan acciones preventivas, y que éstas vayan escalando hacia mecanismos coercitivos y correctivos según se vayan desviando las comunidades de los objetivos comprometidos.

Por otro, el Fondo afirma que el cumplimiento de la austeridad en las autonomías seguirá siendo un desafío en tanto que no se reforme el sistema de financiación, mejorando su capacidad y los incentivos para la disciplina fiscal.

Respecto al gasto del conjunto de las Administraciones, en lugar de recortes generalizados como los realizados hasta ahora, el FMI aconseja al Gobierno que aborde un estudio del gasto, suprimiendo ineficiencias o “mandatos infundados de gasto en el nivel regional”. Ante las constricciones presupuestarias, el Fondo urge, sobre todo, que se hagan revisiones del gasto en sanidad, en educación y en la compra de suministros, en particular de los productos farmacéuticos cuya partida ha ido al alza. Por último, ve recomendable el establecimiento de copagos en los servicios de salud. Eso sí, fijando exenciones para los más vulnerables.

Por otra parte, el FMI alerta de que dos tercios del extraordinario crecimiento obtenido en España durante 2016 se deben a los bajos precios del petróleo y los tipos de interés. Además, la economía se ha beneficiado de una política fiscal expansiva. La institución entiende que el cansancio de la población con las reformas y un parlamento fragmentado pueden ralentizar la aplicación de una agenda reformista. Pero anima a los partidos a encontrar el terreno común para seguir mejorando. De hecho, sus estudios concluyen que las reformas abordadas están aportando medio punto de crecimiento más al año durante cinco años.

Sin más reformas, una vez desaparezcan los vientos de cola, la tasa de crecimiento se situará según los cálculos del Fondo en una media del 1,5%, una ratio demasiado baja como para seguir reduciendo con fuerza los altos niveles de desempleo. De ahí que recite una larga lista de medidas que podrían impulsar la productividad y que comprenden desde el fomento del I+D a la unidad de mercado, la eliminación de barreras legislativas que impiden elevar el tamaño de las empresas o la liberalización de los servicios profesionales, entre otras muchas.

En cuanto a la coyuntura internacional de 2017, el organismo sostiene que el estímulo fiscal de Estados Unidos puede compensar el efecto negativo que podría tener sobre la economía española una leve subida de los tipos de interés de mercado. No obstante, advierte de que el proteccionismo promovido por Trump y las negociaciones del Brexit pueden acabar perjudicando la demanda de exportaciones españolas. Y explica que las dificultades en Latinoamérica podrían acabar repercutiendo con fuerza sobre los beneficios de los bancos españoles.