Desigualdad de partida

Sorprende la escasa atención que recibieron a finales de julio los resultados del sexto año de funcionamiento del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, cuando dicho sistema está siendo criticado por múltiples motivos, en ocasiones contradictorios, siendo frecuente escuchar demandas para reformarlo. Aquí nos centramos en una de las críticas habituales: las desigualdades de financiación entre comunidades.

Para situarnos es necesario aclarar que las desigualdades se arrastran desde la distribución de recursos previa a la descentralización, algo que anteriores reformas no pudieron eliminar pese a sus avances en otras áreas. En concreto, con el modelo anterior las diferencias aumentaron un 55% entre 2002 y 2009. Además, las Comunidades (y sus habitantes) con una capacidad fiscal más elevada acababan con una financiación inferior a la media. En suma, la situación de partida en la reforma de 2009 se caracterizaba por fuertes desigualdades, crecientes y no justificadas, entre los habitantes de las diferentes autonomías.

En ese contexto, la reforma se enfrentaba, en primer lugar, a la restricción de partida habitual, el statu quo: ninguna Comunidad tendría menor financiación en el año inicial de la que le correspondería con el antiguo sistema -una condición a menudo criticada por perpetuar las ineficiencias, pero sin la cual difícilmente puede llegarse a ningún acuerdo-. La reducción de las diferencias se inició con el reparto de los nuevos recursos, pero lo fundamental fue el cambio de diseño del sistema para evitar que las desigualdades crecieran en el futuro.

Tres fueron los elementos clave del nuevo diseño: el Fondo de garantía, caja común a la que las comunidades entregan el 75% de sus recursos normativos y que se reparte de forma equitativa por habitante ajustado; el aumento de la autonomía tributaria, reduciendo el Fondo de suficiencia; y la creación de dos fondos de convergencia —el primero para las comunidades con menor renta, densidad o crecimiento poblacional y el segundo para las que tengan una financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal—.

Los resultados de la reforma muestran una fuerte reducción de las desigualdades y una mayor relación con la capacidad fiscal. En su primer año dichas desigualdades se redujeron un 36%, y a diferencia de lo ocurrido en el sistema anterior, donde no dejaron de crecer, han permanecido estables hasta 2014. La mayor ganancia relativa corresponde a Baleares, Canarias, Valencia, Madrid, Cataluña y Murcia, todas ellas con niveles de financiación inferiores a la media en 2009. La población con recursos entre el 99% y el 101% de la media ha aumentado desde el 5% al 40%. Y, además, las injustificadas diferencias entre la capacidad fiscal y la financiación se han corregido: Baleares, Madrid y Cataluña —contribuyentes netos al sistema— han alcanzado una financiación en torno a la media.

En resumen: el modelo actual de financiación autonómica no solo ha supuesto una fuerte caída inicial de las desigualdades, sino que, además, gracias a su diseño, se ha evitado que volvieran a aumentar, reduciendo el coste de las —todavía necesarias— futuras reformas.

Carlos Garcimartín y Santiago Díaz de Sarralde son profesores en la Universidad Rey Juan Carlos y colaboradores de la Fundación Alternativas.[/PIEPAG]