Andalucía abre un expediente sancionador a Volkswagen por las emisiones
La Junta da este primer paso tras recibir cerca de 800 denuncias tramitadas por Facua
El Gobierno andaluz, a través de su Dirección General de Consumo, ha iniciado los trámites de un expediente sancionador contra la multinacional alemana Volkswagen por el supuesto fraude en las emisiones. El organismo autonómico da este primer paso tras recibir cerca de 800 denuncias tramitadas por la asociación de consumidores Facua, que cifra en 700.000 los vehículos manipulados vendidos en España. Según fuentes de la Consejería de Salud, de la que depende Consumo, el expediente está en una fase incipiente.
Con esta decisión, según Facua, el organismo andaluz se convierte en "la primera autoridad de consumo autonómica que incoa expediente sancionador por este fraude masivo", después de que la asociación de consumidores presentase denuncias ante los 17 organismos regionales. "Siete comunidades han archivado las denuncias o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, alegando que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad. Otras cinco se han limitado a acusar las denuncias", apunta en una nota de prensa el colectivo, que critica "la inacción" que hasta la fecha ha mantenido la mayoría de autoridades competentes autonómicas, nacionales y europeas. Por su parte, Madrid y Barcelona han anunciado que "iniciarán las averiguaciones oportunas" mientras que "Galicia y Extremadura ni siquiera han respondido".
En sus denuncias, el colectivo señala que las emisiones contaminantes camufladas "vulneran ampliamente" la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por varios motivos, entre ellos, el "uso de prácticas comerciales desleales" o "la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad". Según Facua, desde el estallido del escándalo, más de 40.000 consumidores forman parte de su plataforma de afectados. Asimismo, el colectivo ha decidido acudir a los tribunales al objeto de "exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados".
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