El ‘macroconcurso’ del AVE tendrá que volver a empezar desde cero

Renfe tendrá que volver a convocar de nuevo el macroconcurso de los 30 trenes AVE por un importe de más de 2.600 millones de euros, después de que Tribunal Adiministrativo de Recursos Contractuales (TARC), el organismo de Hacienda que vigila los concursos públicos, le haya requerido para que elimine del pliego del concurso la cláusula que primaba la fabricación del tren en España.

De esta forma, el TARC admite el recurso del fabricante canadiense Bombardier, que impugnó el concurso por entender que el hecho de que puntuara la fabricación del tren en factorías españolas (un punto sobre cien) iba contra los principios de libre circulación, favoreciendo a algunas de las empresas pujantes.

Renfe tendrá que abrir ahora un nuevo plazo de presentación de ofertas, después de que se cerrara el pasado día 17 de mayo la fase del concurso, al que se habían presentado las españolas CAF y Talgo, la francesa Alstom y la alemana Siemens. La compañía pública se ha limitado a señalar que informará de los nuevos plazos "en los próximos días".

Se trata de un duro varapalo para la imagen de la compañía pública y, más aún, para la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, de quien depende Renfe. El Gobierno de Rajoy no ha tenido suerte con el AVE, uno de los principales emblemas de la marca España. No ha podido adjudicar el concurso de los trenes para garantizar que se cubre el incremento del tráfico y las nuevas líneas AVE que deben inaugurarse. Y embarcó a Renfe en el consorcio del AVE de La Meca a Medina, que se ha convertido en un foco de problemas, tras varios retrasos y con los costes desatados, lo que ha causado el enfado de las autoridades saudíes.

La fabricación en España puntuaba un punto sobre cien

Retraso considerable

Como mínimo, la adjudicación del nuevo contrato se puede retrasar al menos cinco meses. No obstante, es previsible que la demora sea aún mayor, ya que fuentes del sector indican que consideran “prácticamente imposible” que se convoque un nuevo concurso antes de las elecciones generales del 26 de junio, con un Gobierno en funciones, teniendo en cuenta la cuantía del proyecto y el hecho de que Renfe es una compañía pública, cuyo presidente es nombrado por el Ejecutivo de turno.

El contrato, que Renfe licitó a finales del pasado diciembre, supone el suministro de treinta nuevos trenes AVE, además de su posterior mantenimiento durante treinta años, con posibilidad de prórroga durante otros diez años más. La entrega se producirá en dos fases. En la primera, se entregarán quince nuevos AVE de forma inmediata tras su fabricación, mientras que los otros quince trenes se suministrarán por lotes de cinco unidades en función de las necesidades de la compañía.

Renfe busca un tren con capacidad para circular a una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora y de “gran capacidad”, esto es, que pueda transportar a un mínimo de 400 viajeros, máxima accesibilidad y wifi. Con este contrato, la operadora pública pretende garantizarse un calendario de incorporación de nuevos trenes para modernizar su parque de vehículos y prepararlo al paulatino aumento de demanda de viajeros y a la apertura de nuevas líneas de Alta Velocidad.