Competencia demanda al Gobierno por las restricciones a Uber

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se enfrenta al Gobierno por la regulación del taxi y las limitaciones que tienen otros competidores del transporte de pasajeros como Uber o Cabify. Ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra las restricciones a la competencia que el Gobierno, en Consejo de Ministros, aprobó en la normativa de vehículos de alquiler con conductor el año pasado.

La CNMC considera que deben ser eliminadas las restricciones que el Gobierno aprobó para el funcionamiento de los coches con conductor (licencias VTC), que usan aplicaciones y nuevas empresas, "en aras de un mejor funcionamiento de la economía española". El decreto aprobado por el Gobierno limitaba que, por ejemplo, los servicios de coches con chófer (que no fueran taxis) no pueden recoger a pasajeros en la calle, y solo pueden trabajar con reserva previa. Además, el número de licencias para coches con conductor está limitado a una por cada 30 taxis.

El pasado 14 de enero, la CNMC envió al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos de los incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015. A su vez, el 9 de febrero, formuló un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados en la Orden FOM 2799/2015, del 18 de diciembre.

Los taxistas, contra la CNMC

Los taxistas acusan a Competencia de traidora, porque creen que si se eliminan las restricciones que el Gobierno impuso a servicios como Uber, trabajarán para ofrecer un mismo servicios pero en inferioridad, ya que la licencia de los taxis es muy cara. El pasado mes de febrero organizaron una huelga y una protesta en Madrid hasta la sede de la CNMC, donde los taxistas comunicaron su oposición a la postura del organismo.

Ninguno de los dos requerimientos previos de la CNMC al Gobierno ha sido respondido ni motivado por el Ministerio de Fomento. En consecuencia, la CNMC ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo dirigido "a mejorar ambas normas" y quitar las restricciones "injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público".

La CNMC subraya que está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente. En este caso, la CNMC actúa en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Restricciones que la CNMC considera excesivas

Entre los principales obstáculos que la CNMC considera obstáculos a la competencia establecidos en el Real Decreto y en la Orden Ministerial, y que cree que deben ser eliminados por no estar suficientemente justificados, se encuentran los límites  a las licencias de VTC (es decir, una ratio máxima de licencias de coches con conductor en relación a las de taxi), la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública; las restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional; el establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y "una serie de restricciones innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos", señala la CNMC.

A juicio del organismo, todas estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y en la Ley 3/2013 de creación de la CNMC.

Asimismo, afirma que las barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general. En consecuencia, la CNMC considera que deben ser eliminadas en aras de un mejor funcionamiento de la economía española.