El déficit y la deuda lastran a las comunidades

El 80% de los gastos de las comunidades autónomas son para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso, cuando estalló la crisis y sus ingresos, hinchados por el boom del ladrillo se derrumbaron, apareció un agujero en las cuentas regionales. Y ese boquete es el déficit público que martiriza a sus gobernantes y engorda paulatinamente la deuda regional con sus intereses.

Durante buena parte de la legislatura el foco ha estado sobre las administraciones regionales. Han sido señaladas como las principales responsables de los números rojos que cosechaba España, lo que le ha valido reprimendas de Bruselas. A estas administraciones se las ha tildado de manirrotas y si bien es cierto que tuvieron excesos en su gestión y que tardaron en empezar a ajustar sus cuentas, la crisis ha aflorado problemas en el modelo de financiación. Tras cuatro años de recortes, las autonomías han sido incapaces de reducir el déficit por debajo del 1%. El año pasado cerraron en el 1,66% del PIB, unos 7.000 millones de euros más del objetivo e incluso superaron el desfase del año anterior. Comunidades como la valenciana, Murcia o Andalucía se quejan de que no reciben suficientes recursos para afrontar los gastos básicos en sanidad y educación. Aunque en realidad todas se quejan de lo mismo porque aspiran a tener más ingresos tras ver como la crisis les ha cerrado el grifo.

Ocultación de datos

Pero el hecho de que algunas sufran las secuelas de un desigual sistema de financiación no justifica que durante años ocultaran parte de los gastos que no podían pagar o aplazaran los pagos de las facturas disparando la morosidad. En 2012, el Ejecutivo aprobó un plan para que las administraciones territoriales pudieran liquidar facturas pendientes. La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha, entre otras, afloraron millones de euros ocultos en gasto sanitario.

La acumulación de déficit ha generado una plúmbea deuda en las autonomías. Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana deben más del 30% de su PIB. Otras como Baleares, Murcia y Andalucía también soportan un pesado lastre. Los intereses que tienen que pagar para mantener esa carga se comen los ahorros que aprueban en otras partidas del gasto público. Eso provocó que en los primeros años de la legislatura los mercados cerraran las puertas a estas comunidades.

Desde 2012, el Gobierno ha aprobado diferentes líneas de financiación a través Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que las autonomías puedan financiarse al menor coste. En realidad, ha sido un parche a la financiación regional cuya reforma se abordará a partir del próximo año.