La reforma devaluará en unos 1.500 euros anuales la pensión media

El Gobierno se ha quedado muy corto al evaluar cuánto reducirá el gasto en pensiones con la reforma que acaba de plantear. En el anteproyecto, difundido este lunes, el Ministerio de Empleo calcula que se ahorrará unos 33.000 millones en nueve años. Pero, para llegar a esa estimación, la Seguridad Social supone que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, una hipótesis que contrasta con la realidad de los últimos años. Con parámetros más ajustados, la cuenta se eleva de forma notable: si se toma una inflación del 2%, la utilizada por el Banco Central Europeo en toda la zona euro, el recorte entre 2014 y 2022 rondaría los 70.000 millones, más del doble que la estimación oficial. Y si en los cálculos del Ejecutivo se sustituye el 1% anual de inflación por el 3%, que ha sido el promedio de IPC en España desde el arranque de la zona euro, la reducción sobrepasaría de largo los 110.000 millones.

Este ahorro para las arcas de la Seguridad Social se traducirá en un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas. La prestación media de un jubilado, según el último dato publicado, asciende a 13.746,88 euros al año, repartida en 14 pagas de 981,92 euros. Con la estimación del Gobierno (inflación del 1%), la pensión de 2019 será 638 euros inferior a lo que sería si no se aplica la reforma. Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga.

El recorte real del gasto puede duplicar la estimación oficial

La reforma que plantea el Gobierno tiene dos patas: cambiar la fórmula de actualización anual de las pensiones, ligada ahora al IPC, y relacionar la cuantía de la pensión con un nueva variable, la esperanza de vida a los 67 años. Ambas propuestas confluyen en el mismo objetivo, frenar el aumento del gasto en pensiones. Sin embargo, solo el primero, que entraría en vigor el próximo año —el parámetro ligado a la esperanza de vida no se incorporará hasta 2019— es el que influye en el recorte estimado hasta 2022.

Desde 1998, para actualizar las pensiones, se aprobaba cada año una subida anual, equivalente a la inflación esperada, anclada al 2% anual. Y si, en noviembre del ejercicio en curso, el IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Las excepciones han llegado en los últimos años, cuando la crisis empezó a hacer estragos en las cuentas de la Seguridad Social. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Para 2012, Rajoy limitó la subida al 1% anual y se saltó la compensación por la inflación en noviembre. Para este año, el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran menos de 1.000 euros al mes (el 70% de los pensionistas) y el 1% para el resto.

Los años de bonanza no servirán para recuperar todo lo perdido

La reforma plantea sustituir el sistema vigente por una fórmula, elaborada por un comité de expertos, que vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del sistema. A ese índice el Gobierno ha incorporado dos topes: un suelo (una subida del 0,25%) en el caso de que la fórmula refleje que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un techo (inflación más 0,25%), para cuando el sistema arroje superávit.

Las cuentas del Gobierno dan por hecho que el índice de revalorización reflejará una situación de déficit hasta, al menos, 2018. Es una estimación coherente con una economía que refleja tasas de paro superiores al 20% desde 2009, un desempleo que, según la previsión del propio Ejecutivo, no bajará del 25% hasta 2018. Y, en paralelo al descenso de cotizaciones, el número de pensionistas no dejará de crecer. Solo en 2022, según Empleo, la fórmula empezará a reflejar mejores ingresos.

Ese escenario lleva al Ejecutivo a aplicar el límite inferior de revalorización previsto (un incremento del 0,25%, poco más que una congelación de pensiones), o una cifra muy similar, en seis de los nueve años previstos. Es en ese periodo (2014-2019), donde se concentra el grueso de la reducción, que el Gobierno calcula por comparación con lo que subirían las pensiones “en ausencia” de los cambios introducidos. Es aquí donde Empleo da por hecho que, sin la reforma, las pensiones subirían un 1%. Y que el recorte viene dado por ese 0,75% de diferencia que se dejarían de aumentar las pensiones. Sobre el gasto total en pensiones, esa menor subida se traduciría en un ahorro de 809 millones en 2014, que se iría acumulando en ejercicios posteriores (incide también el aumento de pensionistas) hasta alcanzar los 33.000 millones hasta 2022.

La elección de ese incremento teórico del 1% para calcular cuánto ahorrará con la reforma se basa en que esa ha sido la subida aprobada por el Ejecutivo del PP para la mayoría de pensiones en los dos últimos ejercicios. En 2012, esa decisión llevó a una notable pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (la inflación de noviembre fue del 2,9%). Este año, es muy probable que la inflación ronde ese 1%, pero será consecuencia de una combinación de factores (tasa de paro en máximos, actividad económica muy débil, subidas de impuestos como la del IVA dejan de pesar en el IPC) muy difícil de repetir. De hecho, en los últimos 14 años, solo en un mes de noviembre, el de 2009 (el año de la Gran Recesión), el IPC español se situó por debajo del 1%. El promedio de inflación en ese periodo es del 2,9% anual. Ni siquiera en la zona euro, habitualmente menos inflacionista que España, ese 1% es habitual: el promedio en el mes de noviembre desde 1999 se sitúa en el 2,1%.

Además los topes incorporados por el Gobierno a la fórmula que elaboraron los expertos dificultan la recuperación de poder adquisitivo perdido. Si la diferencia entre inflación y subida de la pensión es del 0,75%, como plantea el Gobierno (un IPC del 1% en comparación con tope mínimo del 0,25%), la pérdida de poder adquisitivo de un año malo solo se recupera cuando se suceden tres años buenos, pues lo máximo que puede subir la pensión es la inflación más 0,25%.

Con una estimación del IPC más cercana a lo ocurrido en los últimos años, el tiempo para recuperar el poder adquisitivo que pierden los pensionistas se eterniza. Una merma del 1,75% (inflación del 2%, tope mínimo del 0,25%) en un solo año malo requiere siete años buenos para compensar lo perdido. Si esa merma es del 2,75% (inflación del 3%), harían falta 11 ejercicios con superávit de ingresos para compensar un solo año malo. Las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019 con la aplicación de su reforma exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones. Otra evidencia más de que la simple aplicación de esta reforma, sin propuestas adicionales, lograría el objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas del poder adquisitivo de los jubilados.