La entrada en concurso de la R2 sella el fracaso de las autopistas de peaje de Aznar

La autopista de peaje R2 que une Madrid con Guadalajara ha presentado concurso voluntario de acreedores, según publicó ayer el BOE. Con ello, cae la última de las radiales de pago puestas en marcha durante el Gobierno de Aznar en torno a la capital española que aún no estaba en suspensión de pagos.

La empresa responsable de la concesión, Autopista del Henares (Henarsa), perdió 16 millones de euros en 2012, según las cuentas del pasado ejercicio. Además, acumula una deuda de 425 millones de euros. Sin embargo, la cifra aumentará tras la entrada en concurso y los intereses de demora. La Administración ha inyectado unos 280 millones en la concesionaria desde el estallido de la crisis. La empresa está controlada por ACS y Abertis con un 35% y un 30% de su capital. Su accionariado se completa con Acciona (25%) y Global Vía (10%).

La quiebra de la R2 constata el fracaso de un modelo de carreteras que apostaba por construir vías de pago en paralelo a las autovías públicas y gratuitas. Con ello, los días buenos se restringían a los puentes y vacaciones gracias a los conductores que trataban de escapar al atasco de rigor. Sin embargo, con el estallido de la crisis y la llegada de la recesión, el ya de por sí poco tráfico que venían registrando acabó por venirse abajo, lo que ha convertido la concesión en inviable y ha llevado a hablar de una burbuja del asfalto.

En total, con la autopista entre Madrid y Guadalajara, ya son siete las grandes concesiones de carreteras de pago en suspensión de pagos. Antes de la R2 ya habían presentado concurso la R3 a Arganda, la R4 y la R5. También, la autopista de peaje a Toledo, llamada AP41; la AP36, que conecta Ocaña con La Roda, y, por último, la AP 7 entre Cartagena y Vera. Ninguna de estas concesiones, proyectadas en el segundo mandato de José María Aznar, y a las que habría que unir la deficitaria conexión con Barajas, han cumplido ni una de las previsiones.

A este respecto, la historia de la autopista entre Madrid y Guadalajara, que fue la primera en ponerse en marcha de todas las radiales en 2003, es muy similar al resto y, desde su origen, no fue una carrera de éxito. Primero estuvo el problema de las expropiaciones, ya que los costes superaron ampliamente lo esperado. De hecho, algunos casos en los que los afectados exigen revisar al alza los precios de las ventas forzosas siguen en los tribunales. Junto a ello están los sobrecostes provocados por los cambios en el trazado inicial y, por último, pero no menos importante, que el tráfico no ha cumplido ni de lejos las proyecciones. En 2012, últimas cifras autorizadas, ingresó poco más de 15 millones por los coches, motos y camiones que usaban la infraestructura y pagaban en los peajes. Según el Ministerio de Fomento, la R2 registró una media de 5.928 vehículos al día, un 25% menos que en 2011. Y bajando. El último dato oficial publicado, correspondiente a abril, reduce esta cifra a 4.681.

Para afrontar los socavones que iban apareciendo en el plan de negocio, el Ministerio de Fomento aprobó en 2010 conceder créditos participativos por valor de 350 millones de euros. De estos préstamos, que tienen categoría de deuda subordinada y cuentan con menos privilegios de cobro que la banca, Henarsa ha recibido unos 280 millones. También, ante la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con los pagos, amplió el plazo previsto de la concesión, que se prolongó hasta 2039, y autorizó a la empresa a subir las tarifas por encima de lo estipulado. Por su parte, Henarsa se movió con la banca para pactar un aplazamiento en los vencimientos a la espera de un plan de asistencia del Gobierno.

Con vistas al futuro, está por ver cuál será la decisión del Ministerio de Fomento sobre la viabilidad de estas carreteras y si acude en su rescate con dinero público. Entre todas acumulan un agujero que ronda los 3.600 millones. "Se está trabajando con todas las partes para llegar a un acuerdo", indicaron ayer desde el departamento que dirige Ana Pastor. El objetivo, añadieron, es mantener el sistema concesional. El riesgo es que en caso de liquidación de las sociedades que operan las radiales, el Estado se enfrenta a la ejecución por parte de los bancos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como estipula la ley para los contratos de concesiones.