Las pérdidas en ayudas a la banca disparan el déficit y la deuda del Estado

Las ayudas a la banca se traducen ya en números rojos en las cuentas del Estado. Y propulsan la deuda pública hasta niveles inéditos en un siglo. Tras la entrega del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se explayó este sábado en defender la propuesta como “palanca para salir de la crisis”. Y se afanó en rebatir las críticas por el uso de unas previsiones demasiado optimistas. Pero el impacto multimillonario de las inyecciones en la banca reclamó todo el protagonismo.

 “Voy a darles una información adicional”, dijo Montoro a los periodistas después de su detallada presentación. Lo que vino a contar después es que hay dudas más que razonables de que miles de millones inyectados por el Estado español desde 2010 en bancos en problemas puedan recuperarse. Eso, la perspectiva de que el dinero del contribuyente pueda llegar a perderse —justo lo que niega todo Gobierno que presenta una reforma financiera en tiempos de crisis—, en el lenguaje de la contabilidad se traduce en más déficit público: en 16.660 millones más que engrosan los saldos presupuestarios negativos de 2011 y 2012.

La minúscula explicación que ofreció el ministro de Hacienda fue la siguiente: por efecto de esas pérdidas potenciales de las inyecciones en la banca,  el déficit público de 2011, equivalente al 8,96% del PIB, pasa a ser del 9,44% (5.104 millones más) . Y se estima que 2012 cerrará con un déficit del 7,4%, y no del 6,3% como estaba previsto, al computar el deterioro contable de préstamos y participaciones en el sector bancario (11.556 millones más).

“Ojalá no hubiésemos tenido que hacer estas operaciones, pero tenemos que sanear la banca para recuperar el crédito”, indicó Montoro. Muchas de las operaciones se hicieron bajo mandato del anterior Ejecutivo del PSOE, pero las actuaciones para auxiliar a la banca fue una de las pocas áreas en las que socialistas y populares se pusieron de acuerdo. Pese al apunte contable, Montoro insistió en que no se perderá dinero del contribuyente. “Son recursos públicos que las entidades se han comprometido a devolver”, dijo.

Hacienda no dio detalle alguno de qué inyecciones a la banca computan ahora como déficit, una información que debe suministrar a la agencia estadística Eurostat, que dictaminará si los ajustes están bien hechos a finales de mes.

Pero está en cuestión toda la ayuda concedida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al amparo de las dos reformas socialistas (en 2010 y 2011), que suma más de 14.000 millones. Y queda por despejar la incógnita de si se ha consignado alguna pérdidas por operaciones de 2012, como el adelanto de 4.500 millones a BFA-Bankia. Por lo pronto el FROB ya puso a cero el valor contable de más de 11.000 millones en préstamos y participaciones accionariales en BFA-Bankia, Catalunya Banc y NGC Banco, las tres entidades nacionalizadas de mayor fuste.

El repunte del déficit por las inyecciones en la banca dejó en el aire otra duda. Con el ajuste, el saldo presupuestario de 2012 (-7,4%), supera el objetivo pactado con Bruselas (-6,3%). Y el cumplimiento de ese objetivo es el principal argumento del Gobierno para defender que, en caso de que el Estado español pida el rescate del Eurogrupo para financiarse, no se impondrían nuevos recortes o subidas de impuestos. “Esto no computa para la corrección del déficit, no habrás más ajustes”, dijo Montoro, quien se amparó en que son gastos que se contabilizan una sola vez, que el ajuste es automático al año siguiente. Bruselas tendrá la última palabra.

El rescate que sí se ha pedido ya al Eurogrupo, el de la banca, se dejará notar en la deuda pública. Hacienda incluye 30.000 millones del inminente crédito de Bruselas al FROB, que tiene previsto inyectar más dinero en la banca nacionalizada a finales de año. La deuda de todas las Administraciones Públicas cerrará así este ejercicio en el 85% del PIB, para superar el 90% en 2013. La asistencia a la banca se traduce también en la consignación de hasta 65.000 millones para avalar, con la garantía del Estado, las emisiones de deuda del futuro banco malo.

Montoro también dedicó buena parte del tiempo de la presentación de los Presupuestos para 2013 a justificar porqué las previsiones económicas del Gobierno —espera una caída de la economía del 0,5%— son sensiblemente más optimistas que las de la mayorías de analistas acreditados.

Pese a que el Gobierno uso como argumento para retrasar las cuentas de 2012 hasta finales de marzo que esperaba a las previsiones económicas del FMI, para las de 2013 obvia las estimaciones del organismo internacional, que espera un retroceso del 1,2%. “Las previsiones del Gobierno es que el año que viene tendremos una caída de la actividad mucho más suave. Si alcanzamos ese objetivo estaríamos al final de la recesión”, dijo ayer Montoro, que justificó que el Gobierno usa los Presupuestos para cambiar las condiciones de la economía. En caso de no cumplirse las optimistas previsiones del Gobierno los ingresos estarían sobrevalorados y los gastos infravalorados.

Con estas previsiones económicas, el Gobierno calcula que el gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y organismos autónomos ascenderá a 382.048 millones de euros, lo que supone un ascenso del 5,5% respecto al año pasado. Las únicas grandes partidas de gasto que crecen son las pensiones y los intereses. El gasto corriente (7,8%) y las inversiones (15,6%) sufren severos recortes.

La Seguridad Social (128.236, el 95% de sus recursos van a pagar pensiones) se come casi la mitad del Presupuesto del Estado. El año que viene el gasto en pensiones crecerá un 5,2% por el envejecimiento de la población. El Gobierno, además, ha anunciado que subirá las pensiones un 1%, pero se resiste a confirmar si las actualizará en función del IPC. “La legislación en materia de revalorización de las pensiones está vigente”, fue lo único que precisó ayer Montoro sobre el asunto dejando la puerta abierta en un cambio de esa norma.

La otra partida que condiciona las cuentas públicas para el próximo año es la de gastos financieros, que crecen 9.742 millones, un 33,7% más, hasta alcanzar los 38.660 millones, el mayor nivel en, al menos, los últimos 17 años. El coste de la deuda pública se convierte así en la segunda partida de las cuentas públicas, por detrás de las pensiones. Es tal su volumen que la carga de los intereses alcanza ya casi lo mismo que todo el gasto de los ministerios (39.722 millones).

“Queremos reducir el gasto de funcionamiento de los ministerios”, aseguró ayer Montoro. Por eso, y para compensar la subida de las rúbricas anteriores, el Gobierno ha reducido los recursos para los Departamentos de Gobierno, que menguan un 8,9%.

El coste de personal, que representan el 11,7% del total, crece un 1,2%, pese a que se reduce el dinero para nóminas (3,8%), por el aumento del dinero para pagar las pensiones de los trabajadores públicos y eso, a pesar de que el Gobierno vuelve a congelar, por tercer año consecutivo, el sueldo a los funcionarios.

Muchas de las medidas de recorte de gastos para 2013 provienen de los decretos aprobados durante este año para cumplir con el techo de déficit. Lo mismo sucede con los ingresos. El Gobierno fía las cuentas públicas a una mejora. “Nuestras previsiones son que el año que viene tengamos una caída de la actividad mucho más suave. De alcanzarse, estaríamos al final de la recesión”.