Las anomalías de los contratos a Gürtel se cruzan en el juicio a Camps

Las empresas de la trama Gürtel obtuvieron más de siete millones de euros de la Generalitat en los mismos años en que sus cabecillas obsequiaban, presuntamente, a los entonces presidente, Francisco Camps, y secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, con trajes, americanas, pantalones, corbatas y otras prendas de vestir por valor de 21.300 euros. Todos esos contratos están siendo investigados judicialmente por su aparente irregularidad, pero la complicada evolución procesal del caso Gürtel y la decisión que en su día promovió el expresidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano y "más que amigo" de Camps Juan Luis de la Rúa han provocado que se diriman en distintas causas, quedando fuera del juicio de la llamada causa de los trajes. La clara conexión entre ambas cuestiones provocó, sin embargo, que ayer se filtraran en la sesión de la vista que tiene sentados en el banquillo a Camps y Costa.

La Generalitat troceó decenas de contratos para adjudicarlos a dedo

Más de 20 cargos niegan haber sido influidos para elegir a Orange Market

La Administración valenciana firmó hasta 70 contratos con las distintas empresas de la red corrupta entre 2004 y 2010. Una de las anomalías detectadas en la investigación ha sido el constante fraccionamiento, en varios contratos, de un mismo encargo. El fin, según se deduce de los ejemplos, es que no sobrepasara el importe de 12.000 euros, que hubiera impedido tramitarlo como contrato menor, de contratación directa, y obligado a adjudicarlos siguiendo mecanismos de legalidad más rigurosos, con un concurso público.

Pedro Hidalgo, por ejemplo, que ocupó la Dirección General de Interior en 2007 sostuvo ayer a preguntas del abogado del expresidente que firmó un solo contrató con Orange Market, la empresa dirigida por el también amigo de Camps Álvaro Pérez, El Bigotes, para la cobertura audiovisual del recuento de las elecciones municipales y autonómicas de ese año.

Pero en su turno, el letrado de la acusación le espetó: "¿Eso fue un contrato?". "Un contrato menor", respondió Hidalgo. "¿Se incluyeron todas las actividades en un mismo contrato?", insistió el abogado Virgilio Latorre. "Que yo recuerde, sí, y fue por unos 7.000 u 8.000 euros". El letrado repasó entonces los dos contratos que constan en autos respecto a ese mismo acto con la firma de El Bigotes: "Uno, por el montaje y desmontaje del acto, por valor de 11.000 euros. Y otro, por material audiovisual y personal técnico, por otros 8.000 euros. Total, 19.000 euros". Es decir, dos contratos menores, por debajo de los 12.000 euros, lo que permitió a la dirección de Hidalgo contratarlo a dedo. "Yo solo recuerdo uno...", alcanzó a añadir el testigo.

Escenas parecidas se han repetido con varios de los cargos públicos que han comparecido en el juicio. Cinco de ellos, que siguen siendo diputados, cargos de la Generalitat y del PP, lo hicieron en calidad de testigos-imputados, acompañados por sus abogados y acogiéndose en algún caso a su derecho a no declarar para no incriminarse más. Esos cinco cargos están imputados en la causa que se instruye en Valencia y comprende el grueso de las adjudicaciones a la trama (Fitur durante cinco años, por cerca de seis millones) y la financiación ilegal. Pero el resto de adjudicaciones de la Generalitat también están siendo investigadas en la causa central de Gürtel que instruye la Audiencia Nacional, por lo que la veintena de cargos que han declarado en los tres últimos días de juicio pueden acabar siendo finalmente imputados allí.

Las defensas preguntaron, una y otra vez, si alguno de los contratos fue impugnado en su día, a lo que la mayoría respondió con un "no" rotundo.

La línea de la defensa también buscó dejar claro que ninguno de los funcionarios y cargos recibió presión o instrucción para que estas empresas fueran contratadas. Todos respondieron que no, pero no pudieron contestar si la ausencia de directrices tampoco llegó de Camps. El magistrado que preside el tribunal del jurado impidió que los testigos contestaran a este tipo de preguntas, al considerarlas "impertinentes" ya que el juicio de los trajes se limita a una acusación de cohecho impropio, por recibir supuestamente regalos de la red corrupta en su condición de autoridad, pero no en contraprestación por favorecerles en contratos públicos.