314 asesinatos de ETA sin condena

Hay 314 asesinatos de ETA sin autor condenado. Atentados con el rostro del muerto pero sin el de la persona que apretó el gatillo o puso la bomba, según un informe del Observatorio contra la Impunidad basado en datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza. El documento fue presentado ayer por la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, hermana del exjefe de la Policía Local de Andoain asesinado en 2003, Joseba Pagazaurtundua. La acompañaban representantes de la AVT, Covite, Dignidad y Justicia y la asociación andaluza de víctimas.

La cifra se refiere solo a los atentados sin sentencia cometidos por la banda después de la amnistía de 1977; por tanto, son muertes ocurridas en democracia. Supone el 40% de las 782 víctimas mortales que, según la Fundación, se han producido entre 1978 y 2009. Los datos de Interior hablan de 757 muertos entre esos años, pero esa cifra no incluye los atentados de los Comandos Autónomos Anticapitalistas o muertes a consecuencia de acciones del entorno etarra.

Los años 78, 79 y 80 acumulan casi 150 asesinatos sin resolver

Una cincuentena de casos han sido archivados de forma provisional

Los asesinatos sin culpable no son homogéneos. Casi 150 son del periodo entre 1978 y 1980, los años más sangrientos. Del total de 314, más de un tercio, 134, ya han prescrito, es decir, la responsabilidad penal ha quedado extinguida por el paso del tiempo y los culpables, en caso de aparecer, en principio no podrán ser juzgados. Casi todos los crímenes prescritos, 118, fueron sobreseídos por falta de autor conocido. Otros 16 caducaron por distintos motivos: el autor estaba en paradero desconocido o el auto de procesamiento no prosperó.

Prácticamente todos los 134 casos (el 89,5%) son atentados de los años setenta y ochenta (entre 1978 y 1989), y el 10,5% restante, posteriores. Tras la reforma del Código Penal de 2010 los delitos de terrorismo con víctima mortal no prescriben. Antes lo hacían a los 20 años, y es lo que ha sucedido en estos casos.

Hay, por otro lado, 48 asesinatos en los que el proceso no ha prescrito, pero los autores no se conocen y el caso se ha archivado provisionalmente. Habría, por tanto, posibilidades de reabrirlos, pero para ello tendría que prosperar la investigación hasta encontrarlos. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Joseba Pagazaurtundua. La investigación policial se había archivado por falta de autor conocido, pero su ADN, encontrado en una botella de agua, provocó su reapertura años después. Gurutz Agirresarobe fue condenado en diciembre a 32 años de cárcel por ese asesinato.

Entre estos se encuentran las dos últimas muertes causadas por ETA en España, la de los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada y Diego Salvá fallecidos a causa de un coche bomba colocado por ETA en Calvià (Mallorca) el 30 de julio de 2009. La Guardia Civil no ha logrado aún identificar a los autores. Tampoco a quien disparó contra el expresidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad mientras paseaba con su hijo el 6 de mayo de 2001. Uno de los últimos datos conocidos es que el atentado se cometió con la misma pistola que se había utilizado para matar a Pagazaurtundua.

En el cómputo global también entran otros ocho crímenes que acabaron sin sentencia porque los responsables materiales murieron sin ser juzgados. Y 53 en los que se llegó a dictar sentencia (42 condenatorias y 11 absolutorias), pero no contra los autores materiales del asesinato sino contra partícipes o colaboradores.

Existen, además, 18 casos que siguen abiertos -siete de los años ochenta y noventa y 11 de atentados cometidos desde de 2000-. Aún no hay sentencia en ninguno de ellos pero podría haberla. "Queremos hacer una investigación a fondo sobre todo de los que están a punto de prescribir, lograr un buen dossier, para tratar de evitar que prescriban", señaló ayer Maite Pagazaurtundua. Hay nueve casos que podrían hacerlo en 2012.

La Fundación de Víctimas había presentado a la fiscalía una lista de 349 casos en los que no había constancia de lo que había sucedido con el procedimiento. Ha habido algunos en los que sí existía resolución judicial, comunicada por la fiscalía a las víctimas, y que por tanto han salido de la lista de los impunes. Finalmente, hay un último grupo de 52 casos sobre los que las víctimas pidieron información que aún no les ha sido proporcionada porque la fiscalía está pidiendo datos sobre expedientes que todavía no han sido hallados.