Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un enigma en el recibo de la luz

España es el único país del mundo en el que los clientes deben miles de millones de euros a las compañías eléctricas por el llamado "déficit de tarifa"

Sigue siendo verdad: España es diferente. En materia energética, para mal. "España es el único país del mundo en el que los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula creciendo de forma crónica año a año". Así describe la consultora PwC en su informe Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012 el problema del déficit tarifario eléctrico. El documento ilustra una bola que empezó a rodar hace una década (año 2002) y que en agosto alcanzaba los 22.392 millones de euros acumulados, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El problema es serio. La deuda que hace de España una excepción supone cerca de un 3% del producto interior bruto (PIB), equivale a la factura de un año y medio de todos los consumidores y pesa -vía intereses- de forma importante en la factura mensual. Con números: en el periodo 2005-2010 los clientes han pagado ya más de 8.000 millones de euros por la deuda, lo que representa un 7% de la factura anual doméstica.

Entre 2005 y 2010 un 7% de la factura de los hogares ha ido a pagar la deuda

Unesa cree que la doctrina del Supremo avala fuertes subidas

El déficit "inventado" en España es uno de los principales retos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno. Y para resolverlo, tendrá que diseccionar qué es, por qué se produce, a cuánto asciende y cómo se puede cubrir. Sobre todo el problema, penden las palabras pronunciadas por el recién nombrado presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en el debate de investidura: la solución de los problemas no debe recaer únicamente sobre los consumidores.

Pero conviene ir poco a poco para desbrozar conceptos. Para empezar, hay que aclarar qué es el déficit tarifario. Contesta la CNE: "Es la diferencia entre el coste real de la electricidad y el precio que los usuarios están pagando por ella". Bien. Y ¿por qué se produce? "Hasta 2007", explican los expertos de PwC, "porque la tarifa eléctrica vigente en esos años no recogía adecuadamente el coste de adquisición de la energía". A partir de julio de 2008, por la diferencia entre los ingresos que se obtienen de los peajes que pagan los clientes y los costes reconocidos a las actividades reguladas del sector eléctrico (transporte, distribución y primas a las renovables, fundamentalmente).

Esa diferencia entre lo que las empresas ingresan y los costes que aseguran tener -y que el Estado les reconoce- se convierte en deuda que los usuarios, todos, debemos pagar. En un plazo máximo de 15 años. Por resumir, es posible que, como en trimestres anteriores, los más de 20 millones de usuarios acogidos a la llamada tarifa de último recurso (TUR) no tengan que pagar más en enero. Pero es seguro que lo que no paguen, mientras no cambie el sistema, se anotará como deuda a pagar en los años siguientes.

Los corsés aprobados por el Gobierno saliente para contener esa deuda (Real Decreto 14/2010) que fijan un límite máximo de déficit anual, hasta que desaparezca definitivamente en 2013, no han funcionado. Para 2011, el límite era de 3.000 millones y en octubre ya alcanzaba los 3.258, según la CNE. Y para 2012, los cálculos de Industria son más pesimistas: al límite legal de 1.500 millones habría que añadirle un exceso de 1.670 millones. Total: 3.170 millones.

Los desvíos que revientan las costuras legales tienen causa. Según los expertos, los costes regulados se han triplicado en el periodo 2008-2010. Han pasado de 6.800 millones en 2002 a 18.300 millones en 2010. La bola ha engordado por su propia inercia (pagar el déficit supuso en 2010 23.649 millones) y por la subida de las primas al régimen especial -las renovables- que ascendieron a más de 7.000 millones de euros ese mismo año.

Aunque el Estado ha encontrado, a tropezones, la forma de ir pagando a las empresas la deuda reconocida (las empresas ceden sus derechos de cobro a un Fondo de Titulización, que coloca esa deuda con aval del Estado), es un problema que crece y que amenaza con desbordar al sistema. Así lo reconoce la propia CNE, que ha advertido de los peligros que conlleva hacer trampas en el solitario y congelar las tarifas eléctricas mientras crece la deuda que se reconoce a las compañías.

Reconocido el problema y la forma que adopta, no faltan voces que cuestionan la fórmula que está en la raíz del asunto. En otras palabras, están en cuestión los costes que se reconocen a las grandes empresas y la forma en que se determinan las tarifas. No son críticas vacías. La propia CNE, ante las denuncias públicas planteadas sobre hipotéticas manipulaciones en los mecanismos de fijación de precios, está investigando las subastas trimestrales de energía que marcan el precio del kilovatio y supone la mitad del recibo que pagan los usuarios.

Jorge Morales de Labra describió en un artículo reciente recogido por la Fundación Renovables cómo funcionaban las subastas que determinan, finalmente, cuánto deben los clientes a las empresas energéticas: "El resultado de estas subastas", señala, "es escandaloso porque desde el tercer trimestre de 2009, cuando se puso en marcha la TUR [la tarifa de la mayor parte de los hogares], siempre han arrojado un precio superior al que luego ha resultado ser el precio del pool [el mercado mayorista]". Así no hay quien dé con la solución al enigma. O sí.

Por otra parte, la asociación patronal de las eléctricas, Unesa, explicó ayer que la suspensión acordada por el Tribunal Supremo de la bajada de peajes eléctricos de octubre implica que, en el presente, esta variable pase a ser la de julio. A efectos prácticos, sostiene que la medida equivale a encarecer cerca de un 6% la tarifa.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de diciembre de 2011